El reciente comunicado de la policía local de San Bartolomé, en el que se solicita la dimisión del concejal de personal Antonio Rocío, ha sacudido aún más el ya agitado panorama político del municipio. A simple vista, podría parecer un conflicto más entre el cuerpo de seguridad y la administración local, pero lo que subyace es una crisis de liderazgo que señala directamente a Isidro Pérez. Y es que, aunque Pérez trate de mantener una imagen de control, lo cierto es que este último episodio demuestra que quien realmente maneja los hilos es Rocío, mientras Isidro, aunque lo intente, no puede imponer su autoridad ni resolver el conflicto.
Un Ayuntamiento donde el alcalde carece de autoridad y se encuentra subordinado ante un concejal, como parece ser el caso de Isidro Pérez con Antonio Rocío, está destinado al fracaso. Cuando el liderazgo no es claro y el verdadero poder reside en manos de personas que no ocupan la máxima representación, la gestión se desvirtúa y se vuelve ineficaz. Este tipo de dinámicas genera confusión y debilita las instituciones, ya que las decisiones cruciales no se toman en función de un plan coherente de gobierno, sino de las pugnas internas y los intereses individuales. En un municipio como San Bartolomé, donde los problemas de seguridad y el deterioro del espacio público son cada vez más graves, es indispensable que el alcalde ejerza el control total de su equipo y asuma las riendas de la administración. De lo contrario, la descoordinación y la falta de liderazgo solo agravarán la situación y hundirán aún más la confianza de los ciudadanos en su gobierno local.
Este escenario plantea preguntas serias sobre la capacidad de liderazgo de Isidro Pérez. Su intento de manejar a la oposición y el descontento con la Policía Local ha quedado en entredicho, especialmente cuando las cifras hablan por sí solas: los robos en viviendas han aumentado un 40% respecto al año anterior, los daños en la propiedad pública se han disparado en un alarmante 1.100% y el deterioro del mobiliario urbano ha crecido un 180%. Estos números revelan una gestión deficiente que no se limita solo a la relación con la policía, sino que abarca la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Es evidente que Pérez ha optado por una estrategia de distracción, manipulando la narrativa pública para desviar la atención de su responsabilidad en estos problemas. En lugar de admitir sus errores, de trabajar de manera proactiva para solucionarlos o aceptar nuestros diversos ofrecimientos en forma de mano tendida a solucionar el problema, ha preferido demonizar a la oposición, amenazar a la Policía Local, según comunicado emitido por ellos, así como señalar a otros como los culpables. Las críticas que ha lanzado contra sus adversarios, tildándolos de obstruccionistas o desestabilizadores, no hacen más que polarizar la sociedad, erosionando la confianza en las instituciones y el sistema democrático local.
Sin embargo, la retórica de Isidro Pérez no ha sido suficiente para ocultar el malestar creciente. El hecho de que la propia Policía Local haya pedido la dimisión de un miembro clave de su equipo, como es Antonio Rocío, refleja una fractura profunda en la Administración. Isidro ha intentado desviar el foco hacía la oposición pero los problemas estructurales en la gestión del municipio y la incapacidad de llevar a cabo negociaciones serias con la Policía han agravado la crisis.
Un liderazgo que se basa en la manipulación de la verdad tiene fecha de caducidad. Isidro Pérez puede seguir tejiendo su red de mentiras y verdades a medias, pero cada vez será más difícil sostener un discurso que ya no convence a nadie. La ciudadanía no solo ha de estar preocupada por la falta de seguridad y los daños al patrimonio local, sino también por la falta de transparencia y responsabilidad de sus líderes.
Es momento de que Pérez, y aquellos que forman parte de su administración, reconozcan que los problemas no se solucionan con señalamientos ni con discursos vacíos. La crisis que atraviesa San Bartolomé requiere un cambio de rumbo inmediato. La oposición y la comunidad deben exigir transparencia, responsabilidad y un liderazgo que no tema admitir errores y corregir el rumbo. Solo así será posible restaurar la confianza perdida en la Administración y garantizar un futuro más seguro y justo para todos los habitantes del municipio.
