Desarticuló, según explicó entonces la Guardia Civil en un comunicado, "la trama organizada más importante de Lanzarote". Obligó a intervenir a la Fiscalía Anticorrupción, que se hizo cargo de la causa debido a "la ...
Desarticuló, según explicó entonces la Guardia Civil en un comunicado, "la trama organizada más importante de Lanzarote". Obligó a intervenir a la Fiscalía Anticorrupción, que se hizo cargo de la causa debido a "la organización, la complejidad y la trascendencia" de los hechos investigados. Consiguió pruebas contundentes e incluso confesiones de varios de los detenidos, que llegaron a asegurar que el cobro de comisiones ilegales era "una costumbre".
Sin embargo, mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Fiscalía y el propio juez encargado de la causa multiplicaban los esfuerzos ante la magnitud que iba tomando el caso, desde otras esferas ha sucedido todo lo contrario.
Se pueden buscar mil explicaciones y mil teorías pero, sea cual sea el motivo de fondo, resulta impresentable que una causa, especialmente de este calado, permanezca durante cuatro meses sin juez, mientras los órganos judiciales y las instituciones políticas con competencias en la materia se van pasando la pelota y retrasando una decisión que debería haberse adoptado con carácter inmediato.
En este escenario, es inevitable que se alimenten las suspicacias y las conjeturas sobre los motivos que puede haber de fondo. Pero sí realmente sólo se trata de "burocracia", es igual de imperdonable. ¿Cómo se puede tardar casi tres meses en responder una solicitud para prorrogar una comisión de servicios que ya había sido concedida?
¿Cómo se puede dejar que caduque la que estaba en vigor, sin dar una solución inmediata, bien ampliando la comisión o asignando otro juez al caso? Y lo que es peor, ¿cómo se puede finalmente aceptar la solicitud, pero con una resolución que ahora hay que rehacer, porque no se había redactado correctamente?
A la vista de lo que está sucediendo, parecería que todas las instancias implicadas, y entre las que se encuentran el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Ministerio de Justicia y la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, se están enfrentando a una petición inédita. Sin embargo, la realidad es que hay precedentes de otros magistrados que han continuado la instrucción de causas en comisión de servicios, incluso en el archipiélago. ¿Tan difícil es entonces dar una respuesta rápida y definitiva?
Que el Gobierno de Canarias y el Gobierno central se anden pasando la pelota porque ninguno de los dos quiere correr con los gastos de las dietas que supondrá esta comisión de servicios roza el ridículo, pero lo cierto es que ése ha sido el último obstáculo, y el que ha obligado al CGPJ a volver a redactar su resolución para aclarar este aspecto. Pero para esto último, llevamos ya más de dos meses esperando, y todavía no se ha resuelto.
Evidentemente, impartir Justicia cuesta dinero. Son necesarios jueces, fiscales, secretarios judiciales, infraestructuras? Pero a estas alturas, debería estar meridianamente claro que un estado no puede funcionar sin este pilar básico. ¿Realmente nos están contando que por el precio de unas dietas, se está retrasando una investigación de la magnitud del caso "Unión"?
Por si fuera poco, a esto hay que sumar que en esa última prórroga que se concedió, y que aún no ha entrado en vigor, se señalaba también que se daría sólo un plazo de tres meses más, y que sería "improrrogable". Algo descabellado en sí mismo, porque es más que evidente que será imposible terminar la instrucción en ese tiempo, sobre todo considerando los nuevos frentes que se abrieron con la Operación "Jable", y también con las últimas detenciones de noviembre de 2010, un mes antes de que Romero Pamparacuatro quedara "apartado" de la causa.
¿No es contradictorio aceptar que se prorrogue la comisión de servicios, pero no el tiempo necesario para terminar la instrucción, a sabiendas de al final otro juez tendrá que hacerse cargo del caso? ¿O pretenden que en tres meses se termine la instrucción de una causa de esta magnitud, cuando ellos ya llevan más de cuatro sólo para completar el simple trámite burocrático para conceder esa prórroga?
El caso Unión hizo soñar a muchos ciudadanos, que vieron cómo se empezaba a perseguir con contundencia la corrupción que durante años ha imperado en la isla. Sin embargo, el tiempo ha hecho que muchos empiecen a pensar que realmente fue un sueño, un espejismo. Que se olvide que hay pruebas, confesiones y muchos hilos de los que seguir tirando. Han conseguido que se "apague" la luz que trajo el caso "Unión".
Y eso, desgraciadamente, supone un doble problema. Porque la sociedad necesita volver a creer en sus instituciones, y especialmente necesita creer en la Justicia. En una Justicia independiente, y en una Justicia ágil.
Sin embargo, los propios políticos frenan muchas veces, al menos esto último, al no asignar los medios necesarios. Al tener los juzgados sobrecargados de trabajo. Al no dotar de más recursos a un pilar esencial de la sociedad. Y si a esto sumamos el enredo en el que han empantanado el caso "Unión", pasando de un despacho a otro, desde luego se consigue todo menos ganarse la confianza de la sociedad.
