Se dice que la energía eólica es una energía "limpia", de esas que no producen ningún tipo de trastorno al medio ambiente, más bien todo lo contrario. Sin embargo, poco a poco estamos observando que todo lo que tiene que ver con la ...
Se dice que la energía eólica es una energía "limpia", de esas que no producen ningún tipo de trastorno al medio ambiente, más bien todo lo contrario. Sin embargo, poco a poco estamos observando que todo lo que tiene que ver con la adjudicación del sistema de producción de esta energía desprende un tufillo bastante desagradable.
Este martes se supo que el Gobierno de Canarias va a anular el polémico concurso de asignación de potencia eólica y no recurrirá la decisión tomada por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de invalidar el decreto que regula la instalación y explotación de los parques eólicos. El portavoz del Gobierno, Miguel Becerra, explicó al respecto que se va a iniciar la revisión de oficio para anular las dos órdenes más importantes que contemplaban dicho decreto, el concurso para la autogeneración (aquellos parques eólicos destinados a dar suministro eléctrico a plantas de consumo) y el concurso de asignación de potencia eólica, sobre el que se han sucedido diversas polémicas que han motivado incluso querellas criminales.
¿Por qué el Gobierno de Coalición Canaria (CC) ha decidido no recurrir un varapalo judicial de estas características? Muy sencillo: porque, como ya dijo hace unos días el presidente del Ejecutivo, Adán Martín, las competencias en materia de Industria y Energía las ha tenido el Partido Popular (PP) durante las dos últimas legislaturas. Por eso los nacionalistas se niegan a pelear en los tribunales por una cuestión que les da igual perder, puesto que políticamente nadie se la va a poder echar en cara nunca.
Hay que recordar que el gran lío del concurso eólico de Canarias se inició cuando Luis Soria, hermano del presidente del PP canario y presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, era consejero de Industria del Ejecutivo autonómico. Nada más iniciarse el proceso de adjudicación de un chollo tan grande como parece ser el reparto de la futura producción de energía, algunos medios de comunicación, entre ellos el diario digital Canarias Ahora, comenzaron a difundir informaciones en las que se relacionaba directamente al consejero con el posible tráfico de información privilegiada para determinados empresarios que optaban al reparto energético.
Fue esta circunstancia la que motivó la creación de una comisión de investigación parlamentaria, comisión que, como sucede con el noventa y nueve por ciento de las comisiones parlamentarias, no va a servir para nada, sino para que sus señorías redunden un poco más en lo obvio.
Parece que el Ejecutivo en minoría que preside Adán Martín tiene una oportunidad única de hacer las cosas bien, de forma transparente. Por eso está muy bien que no presenten recurso contra la decisión del TSJC de anular todo el procedimiento. Hay que comenzar de nuevo, para velar sobre todo que al final se lleve el gato al agua quien se lo tiene que llevar. En el caso de Lanzarote hay que apostar por la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA), una empresa que necesita como agua de mayo que le den las concesiones oportunas. Si todo transcurre con normalidad, si se eliminan las sospechas actuales, es más que probable que el viento se lleve ese tufillo que en estos momentos se percibe en el ambiente.
