La vigente triple paridad es un insólito y democráticamente perverso sistema de representación territorial que posibilita que el 20% de los canarios elijamos el 50% de los diputados del Poder Legislativo canario. Visto de otra manera, el voto de la minoría de los canarios vale muchísimo más que el voto de la inmensa mayoría. Esta es la auténtica e insostenible, desde el punto de vista democrático, realidad.
Seguramente la intención de quienes parieron este engendro fue la mejor. Me refiero a la Asamblea de La Palma en 1910 (Pedro Pérez), o al proyecto Junco Toral de Estatuto de Autonomía redactado por el Colegio de Agentes Comerciales de Las Palmas durante la II República (siendo el ponente el socialista Antonio Junco), o al "estudio preliminar sobre el régimen administrativo especial de las islas Canarias" que en 1976 presentaron, en contra de la Comisión Técnica, las Mancomunidades Provinciales Interinsulares de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, o al Real Decreto-ley 9/1978, que aprobó el régimen preautonómico para el Archipiélago Canario y el Real Decreto 476/1978, que lo desarrolló, o a la Declaración de la Mesa Autonómica de Partidos de 1980 (PSOE, PCE, Asamblea de Vecinos, Asamblea Majorera y Partido Nacionalista Canario). Suponía al principio de este párrafo que la intención de los redactores de los antecedentes históricos expuestos fue la mejor porque el desequilibrio de desarrollo social que existía entonces entre las dos islas capitalinas y las islas no capitalinas era abismal y, sin lugar a dudas, ello condicionó aquellas mentes. Pero, insisto en que la solución que implementaron llevaba impresa en su ADN la injusticia democrática. No se debe corregir una desigualdad con un atropello de la minoría a la mayoría y, en cualquier caso, lo que no se puede es defender en 2018.
Además del reproche democrático, afirmo que este sistema de representación no ha sido el que ha propiciado el desarrollo de las islas no capitalinas con respecto a las capitalinas. Lo que verdaderamente ha inducido el progreso de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma ha sido el reparto del presupuesto autonómico y los fondos que en virtud de tal reparto han llegado a esas islas. En tales repartos poco o nada ha tenido que ver la representación que tenía cada isla en el Parlamento de Canarias.
Entonces, *¿por qué algunos se aferran a la triple paridad alarmando con que su desaparición devolvería, poco más o menos, a la Edad de Piedra a las islas no capitalinas? En la respuesta a esta pregunta hallaremos el interés espurio que tienen los defensores de la triple paridad. Para garantizar el sostenimiento del desarrollo de las islas no capitalinas no hay que aferrarse a la anomalía democrática llamada triple paridad, lo que hay que hacer es blindar la posibilidad de que presupuesto tras presupuesto lleguen siempre los fondos necesarios, así de simple. La relación entre fondos necesarios y número de Diputados es parecida a la relación entre velocidad y tocino. Sin embargo, la relación entre financiación adecuada y una Ley que la garantice, y que no existe, es absoluta. Trabajemos, por tanto, en tal sentido.
Volviendo al interés bastardo o espurio y dando definitiva respuesta a la pregunta del párrafo anterior*, ¿qué se esconde pues tras la defensa de la Triple Paridad? La respuesta es PODER POLÍTICO.
Así es y así lo he contado. Por cierto, al pan pan y al vino vino y al que no le guste, que se arraye un millo.
Por Sigfrid Soria
