A estas alturas de la situación sociopolítica el ciudadano medio sufre una confusión de identidad obligatoria. Al madrugar parece obligatorio vestirse con el uniforme azul o con el rojo. Todo esto pasa bajo la amenaza silenciosa de que si no hablas o buscas el equilibrio en las redes digitales te pongan la etiqueta de traidor a la patria. España vive atrapada en una rueda dañina donde el debate público ya no busca cambiar ideas. Ahora se ha convertido en un partido de tenis entre bloques cerrados y sordos. Antonio Machado avisó en su día que una de las dos Españas helaría el corazón de los nuevos ciudadanos. Sin embargo el diagnóstico actual es todavía más simple porque lo que la clase política está congelando de forma rápida es la paciencia de toda la gente.
El cansancio de los votantes no es una sensación de unos pocos sino un problema real guardado en los datos de los organismos oficiales. Según los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la desconfianza o el aburrimiento hacia la política tradicional afectan de forma continua a más del ochenta por ciento de la población. Los partidos políticos y el parlamento se mantienen todos los años en las encuestas como el segundo gran problema del país. Esta situación solo está por detrás del desempleo. Este problema demuestra un divorcio profundo entre los que están en el poder y la gente de la calle.
La política de las instituciones ha cambiado la buena gestión económica por el espectáculo de la televisión y la provocación constante. La crítica o el simple control técnico se han vuelto imposibles en este ambiente. Si criticas una medida del Gobierno central te llaman fascista de inmediato. Si cuestionas los discursos exagerados de la oposición te acusan de radical o de ayudar al sistema. Esta división falsa del mapa social (que copia las peleas de un patio de colegio) obliga a los ciudadanos a elegir una trinchera mientras los problemas importantes se olvidan entre tanto ruido.
La gran diferencia entre lo que se habla en el parlamento y las prioridades de la calle se puede medir con números. El propio CIS confirma que mientras los líderes de los partidos prefieren la pelea de identidades y la división un sólido sesenta por ciento de los ciudadanos pone siempre la crisis de la vivienda y los alquileres en el primer lugar. También eligen la defensa de la sanidad pública y la falta de buenos trabajos como sus verdaderas urgencias de cada día. Este cansancio constante no depende de las ideas políticas tradicionales. Es la defensa natural de una sociedad que se siente usada solo para conseguir votos en las elecciones.
La raíz de este problema no está en que existan ideas diferentes porque la variedad es necesaria para una democracia sana. El problema real está en el gran beneficio económico y electoral que da la pelea política. La división es sobre todo un modelo de negocio que ayuda a ganar espectadores en la televisión y multiplica las visitas en internet. Además evita que los líderes tengan que trabajar en crear leyes que de verdad funcionen.
Un estudio de la plataforma EsadeEcPol confirma esta tendencia. Este informe sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea en niveles de división extrema. Esto provoca un efecto donde el votante ya no solo rechaza las propuestas del rival sino que desprecia su existencia. Es mucho más fácil y barato recordar miedos del pasado que crear una reforma educativa para muchos años o un plan de empleo juvenil que frene los problemas de la población.
Para romper este secuestro del sentido común el regreso a la normalidad democrática no llegará con nuevos discursos teóricos. Llegará con cambios prácticos y profundos en el funcionamiento del Estado.
Los ciudadanos deben asumir una responsabilidad activa cuando van a votar. Hay que castigar a los partidos que basan su estrategia en el insulto y el bloqueo de las instituciones. El voto útil debe cambiar su significado para premiar la capacidad de trabajo y el control de los presupuestos por encima de los gestos vacíos.
Es imprescindible hacer una reforma total en la forma de elegir a los jefes de la justicia y de los medios de comunicación. Instituciones tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional deben quedarse fuera del reparto de poder de los partidos. Hay que garantizar que sus directores sean elegidos por comités de profesionales independientes gracias a sus méritos y a su neutralidad.
Es urgente crear por ley sistemas estrictos para vigilar los resultados de las leyes mediante auditorías independientes. Los Gobiernos no pueden seguir siendo juzgados por sus buenas intenciones escritas sino por el impacto real de sus decisiones medido por agencias transparentes.
La sociedad española no puede quedarse como un público mudo en un teatro pensado solo para que los políticos mantengan su puesto. Si la gente acepta esta ficción de bandos enfrentados seguirá pagando el sueldo de quienes viven de dividir al país.
En resumen, la recuperación del país no depende de los gritos sino de los datos y de la gestión. El verdadero reto para los próximos diez años es romper el espectáculo de los partidos y recuperar la política madura. Apagar los altavoces de la pelea artificial es el único camino posible. Si no se hace la lógica de las trincheras romperá la estabilidad y la convivencia de toda la sociedad.
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