Llevaba semanas fraguándose, pero la tormenta ha estallado definitivamente en el Ayuntamiento de San Bartolomé, extendiéndose a toda la isla por la implicación de los sindicatos presentes en Lanzarote, que se han unido para ...
Llevaba semanas fraguándose, pero la tormenta ha estallado definitivamente en el Ayuntamiento de San Bartolomé, extendiéndose a toda la isla por la implicación de los sindicatos presentes en Lanzarote, que se han unido para anunciar medidas contra los despidos que han empezado a producirse en ese Consistorio.
Sin embargo, más allá de la solidaridad que pueda despertar esa veintena de familias que ha pasado a engordar las cada vez más abultadas listas del paro, lo cierto es que esta noticia ha generado sentimientos encontrados. Por un lado, los de los funcionarios y los trabajadores públicos. Por otro, los de los que trabajan para cualquier empresa privada y saben que cada día se exponen a un posible despido, o ya lo han sufrido en carne propia, sin que se arme semejante revuelo. Ni siquiera cuando el Ayuntamiento de Tías se desprendió de los trabajadores de la empresa municipal El Poril se escuchó la voz de los sindicatos.
En cualquier caso, puede que el grupo de gobierno de San Bartolomé haya cometido errores en este proceso. Aunque es cierto que venía avisando desde hacía tiempo sobre la necesidad de hacer recortes en los gastos de personal, asegurando que eran imposibles de asumir, especialmente por una crisis que les está afectando de lleno, lo cierto es que su discurso no siempre ha sido claro.
En un principio, evitaron pronunciar la palabra despidos y apostaron por rebajar los sueldos para poder mantener a todo el personal en sus puestos. Y ante la negativa del comité de empresa, ahora han decidido dar este paso, alegando que la plantilla estaba sobredimensionada. Pero si realmente es así, tendrían que haber empezado por ahí, esgrimiendo ése como principal y casi único argumento. Porque por más duro que sea tener que afrontar despidos, una institución pública, pagada en definitiva con el dinero de todos los contribuyentes, tampoco se puede permitir el lujo de tener más trabajadores de los que realmente necesita.
Sin duda, las instituciones deben ser las primeras en dar ejemplo ofreciendo unas condiciones laborales dignas, pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, están a años luz de las de cualquier empleado del sector privado. Y al margen de cuestiones que deberían haberse afrontado mejor, tampoco se puede pretender que un trabajador público sea intocable. El problema es que los que realmente tienen plaza como funcionarios sí lo son, y los ajustes en la plantilla sólo pueden afectar al personal laboral que, pese a llevar mucho tiempo en el Ayuntamiento, en algunos casos tenían contratos que vencían justo ahora, por lo que los recortes han pasado por ellos. Y desgraciadamente, eso no garantiza que los que se queden sean realmente los más valiosos para el Consistorio.
Evidentemente, como en todas las profesiones, entre los funcionarios hay de todo, pero a nadie se le escapa que algunos incluso se jactan de lo mucho que cobran y lo poco que trabajan. Y en un Ayuntamiento donde un informe técnico ha venido a subrayar que había unos 25 trabajadores más de los necesarios, ya que contaba con una plantilla de más de 230 empleados, situándose muy por encima de la media de municipios incluso con más población, lo cierto es o no todos trabajaban a pleno rendimiento, o los servicios que prestaban debían ser modélicos.
Ahora, la gran duda es si realmente esta medida servirá para sanear las arcas municipales, ya que los sindicatos y la oposición en el Consistorio aseguran que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a importantes indemnizaciones y han anunciado que recurrirán a la Justicia, convencidos de que declarará improcedentes los despidos. Si fuera así, realmente no sólo no se conseguiría ese ahorro, sino que habría que afrontar un importante desembolso. Pero a largo plazo, sí se podrían enderezas las cuentas y, si realmente el grupo de gobierno justifica la necesidad de esta medida, se daría racionalidad a la plantilla del municipio.
Obviamente, en tiempos de crisis la administración no debería contribuir a aumentar los problemas sociales ni a destruir empleo, como se le ha acusado desde los sindicatos, pero tampoco puede ver ahogadas sus cuentas o quedarse atada de pies y manos para afrontar las necesidades del municipio por mantener una veintena de trabajadores, si realmente no los necesita o no se los puede permitir. Pero además, el grupo de gobierno debería dar ejemplo y rebajar sus propios sueldos. Según el alcalde, son los mismos que se cobraban en la anterior legislatura pero, si la plantilla que heredaron de Miguel Martín era "desproporcionada" e "inasumible", no estaría de más revisar si los salarios que tenían y tienen los concejales liberados son acordes a la situación y la economía del Ayuntamiento. Y es que en esta y otras instituciones, a todos les debe tocar apretarse el cinturón.
