Celebro las recientes palabras del director de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), el finlandés Ilkka Laittinen, en las que se mostraba convencido, acompañado por el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, de ...
Celebro las recientes palabras del director de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), el finlandés Ilkka Laittinen, en las que se mostraba convencido, acompañado por el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, de que la situación en las costas de Mauritania y Senegal estaba bajo control. Apuntaba Laittinen que el operativo que dirige había evitado que 2.300 personas arribaran a las Islas o, en el peor de los casos, perecieran en esta huida desesperada de la miseria. Sin embargo, no creo del todo oportuno este tono de suficiencia, máxime cuando por todos es conocido que este sistema de vigilancia se ha implantado tarde, con merma de medios y su permanencia no está asegurada. Ha habido cientos de muertes en los primeros meses del año en las aguas que separan el Archipiélago de las costas africanas. Quizá muchas de ellas se podrían haber evitado si el Frontex hubiera operado en tiempo y forma. El término demagogia ha aflorado con insistencia en los últimos tiempos. Cada cual es libre de hacer sus consideraciones. Pero la demagogia es una intención, no un resultado. Quizá sea más peligroso, e injusto, menospreciar la inteligencia de los ciudadanos. De ahí que lo más certero sea narrar hechos, analizarlos y evaluarlos, para después extraer conclusiones y actuar. A otros les corresponde, sin tibiezas y desde la honestidad, huyendo de las presiones, calificar la manera de proceder de cada cual.
La inmigración irregular no es un fenómeno coyuntural. No hay concesiones para la euforia y tampoco para el desmayo. Recuerdo que a finales de 2005 José Segura exhibió una serie de estadísticas en las que se demostraba que el número de inmigrantes que había llegado a Canarias durante los doce meses del año había descendido considerablemente con respecto a años precedentes -lo que se pretendía era algo más que dar cifras reconfortantes; lo que se perseguía era poner en solfa la gestión del problema llevada a cabo por el PP en los años de gobierno popular-. Sin embargo, e insisto en la idea, la realidad no entiende de estadísticas. 2006 no es el tercer año triunfal de la era Zapatero. Prudencia, cautela, cura de humildad y pleno convencimiento de que Canarias, España y Europa van a tener que convivir -ya conviven- con una realidad que nos ha resultado extraña hasta hace escasos años.
Es posible que todos tengamos que asumir nuestra parte alícuota de torpeza. El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha delatado como un político con escasa cintura para hacer frente a todo aquello que no es previsible, con pataletas injustificadas y desdenes que, duela a quien duela, han exasperado a los canarios (recuérdese el desplante al presidente del Gobierno de Canarias en plena crisis de los cayucos), ha preferido que sean otros los que muestren la cara antipática porque a Zapatero no le gusta nada que su imagen se agriete. Decía que la torpeza no es patrimonio de unos pocos. Esta cuestión capital debe ser tratada desde el sosiego, sin apasionamientos desmedidos, pero con firmeza. Leo con atención casi todo lo que se escribe al respecto y lamento que muchas de las cosas que se dicen no salieran a la luz justo en el momento más crítico. Al parecer, en verano descansan las conciencias.
Presido un partido que, desde la responsabilidad, no se va a callar. Quienes nos acusan de alentar sentimientos en el seno de la ciudadanía que pueden desembocar en episodios no deseados olvidan que sus desaires, prórrogas injustificadas, impotencias, operaciones de maquillaje y, por qué no decirlo, mentiras, han ayudado, precisamente, a que el sentimiento de abandono se agudice. Sigo preguntándome qué es lo que empuja a quienes tienen la responsabilidad de gestionar la situación -el Gobierno central- a insistir tanto en la repercusión electoral que tiene lo que está ocurriendo. Intentan desviar la atención, como si estuvieran llevando a la práctica un alambicado ejercicio de comunicación de crisis, y arguyen que el Gobierno de Canarias, y el partido que lo sostiene, no han hecho nada. Les pido, por favor, que dentro del marco competencial asignado al Ejecutivo canario me señalen en lo que no se ha estado a la altura. Además, les rogaría que antes de reeditar pactos repararan en las iniciativas que Coalición Canaria ha elevado en las Cortes. Quizá allí encontrasen un sendero, una hoja de ruta apropiada para encarar, desde todas las ópticas, este problema.
Llegado a este punto, y para aclarar que es la acción y no la propaganda la mejor receta, me voy a permitir recordar alguno de los aspectos que recogía el tan aludido Pacto Canariopor la Inmigración de 2001, suscrito por las distintas fuerzas canarias, salvo el PP, partido que, por cierto, gobernaba en España en aquel momento. Nosotros, como el PSOE, suscribimos un acuerdo que recogía, entre otras cuestiones, que se asegurase "la vigilancia efectiva de nuestras aguas y costas, de manera que se eviten muertes inocentes, se frene la irregularidad que lleva a la explotación de las personas y dificulte la acción de las organizaciones de contrabando y tráfico de inmigrantes".
También se hablabade la "puesta en marcha de cuatro Centros de Internamiento de Extranjeros, con un máximo de 250 plazas cada uno, en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, formando parte de la red estatal de dispositivos de esta naturaleza, de tal manera que, cuando éstos tengan cubierta su capacidad, puedan ser derivados hacia otros centros del Archipiélago o del Estado español".
De igual modo, se recomendaba que se intensificasen "las acciones de colaboración con los países de origen a fin de agilizar la tramitación y ejecución de los expedientes administrativos de devolución, retorno y expulsión, con lo que se clarifique la situación de cada persona y se evite la creación de falsas expectativas de permanencia en nuestro territorio, así como para la lucha contra las mafias".
No voy a incluir todos los aspectos suscritos, pero creo conveniente aludir también a la
"puesta en marcha de dos Centros de Estancia Temporal (CETI) o Centros de Inmigrantes en las islas de Gran Canaria y Tenerife, con capacidad máxima para 250 personas, en el marco de la 'red nacional de acogida a inmigrantes' prevista en las medidas 2.4 a y b del Programa Greco. Al menos cuatro de los centros mencionados deberán hallarse en funcionamiento antes del próximo verano y los restantes antes de finalizar el año".
Por último, se hablaba de "articular, a la mayor brevedad posible, los mecanismos para que Canarias no se convierta en un lugar 'sin salida' para las personas inmigrantes en situación irregular que, por no poder ser repatriadas y desbordar la capacidad de los centros de acogida, se quedan malviviendo en nuestras calles y plazas", además de "desarrollar cuantas acciones de política exterior sean necesarias para impulsar un mayor compromiso de la Unión Europea para abordar y resolver estas problemáticas".
Gobernaba el PP, y no pasó nada. Tres años después asumió el poder el PSOE, y tampoco pasó nada. Ahora quieren reeditar ese pacto. Un pacto que durante los más de dos años que han gobernado ha dormido en la gaveta de algunos de los que cuando no han podido justificar lo injustificable han hecho piruetas lingüísticas: demagogia con la demagogia.
*Paulino Rivero Baute.
Presidente de Coalición Canaria.
