Hay debates que pueden esperar. Una vida, no.
Después de veinte años trabajando en el sector extrahospitalario, uno aprende que cuando suena una alarma no hay tiempo para ideologías, para colores políticos, para discursos ni para buscar culpables. Hay una persona que necesita ayuda. Y todo lo demás queda en segundo plano.
Por eso resulta especialmente doloroso comprobar cómo, cada vez que una tragedia migratoria golpea nuestras costas, las vidas humanas terminan entrando demasiado pronto en el terreno de la confrontación política.
Hoy volvemos a hablar de fallecidos en el Atlántico. No hablamos de cifras. No hablamos de estadísticas. Hablamos de personas que han perdido la vida intentando alcanzar nuestras costas.
Y mientras algunos profesionales nos preparamos para atender las consecuencias de una tragedia, la política comienza, demasiadas veces, a preparar su propio relato sobre ella.
Unos responsabilizarán a unos gobiernos. Otros señalarán a otros. Se reclamarán competencias, recursos, medios, decisiones y responsabilidades. Se cruzarán declaraciones. Se exigirán explicaciones.
Y seguramente muchas de esas preguntas sean legítimas.
Pero hay algo que, después de veinte años viendo emergencias desde el lado menos cómodo de la realidad, me cuesta aceptar: que la política parezca tener más capacidad de reacción ante una tragedia que ante las circunstancias que la provocan.
Porque cuando una persona llega a nuestras costas después de una travesía en condiciones extremas, nosotros no preguntamos de qué partido es el Gobierno.
No preguntamos quién tiene la competencia.
No preguntamos quién aprobó el protocolo.
No preguntamos quién debería haber enviado antes los recursos. Actuamos.
Porque en una emergencia el tiempo cuenta. Y porque detrás de cada paciente hay una vida que depende de que alguien tome decisiones.
Esa debería ser también la lógica de la política.
No digo que la política no tenga que intervenir. Todo lo contrario. Precisamente porque estas tragedias llevan años repitiéndose, necesitamos política. Pero necesitamos una política capaz de anticiparse a la emergencia, no una política que aparezca después para explicar quién tiene la culpa.
Canarias lleva años soportando una realidad migratoria que no puede resolverse únicamente desde nuestras islas. Lanzarote y La Graciosa forman parte de esa realidad y conocen de cerca las consecuencias humanas, sociales y también asistenciales de este fenómeno.
Y aquí hay una cuestión que debería interpelarnos a todos: ¿cuántas tragedias tienen que suceder para que dejemos de gestionar las consecuencias y empecemos a afrontar el problema de fondo?
No se trata de ser partidario de una política migratoria u otra.
No se trata de ser de izquierdas o de derechas.
No se trata de fronteras abiertas o cerradas.
No se trata de negar la preocupación legítima de los ciudadanos ni tampoco de negar la dignidad de quienes llegan.
Se trata de algo mucho más básico.
Se trata de que una política migratoria, sea cual sea, tiene que ser capaz de poner la vida humana en el centro.
Porque quienes estamos en emergencias conocemos una verdad que la política parece olvidar con demasiada frecuencia: cuando alguien está muriendo, no hay tiempo para el debate.
Primero se salva la vida.
Después se pregunta qué ha ocurrido.
Después se buscan responsabilidades.
Después se toman decisiones para que no vuelva a suceder.
Ese debería ser también el orden de prioridades de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Y, sin embargo, demasiadas veces ocurre exactamente al contrario.
Primero aparece el comunicado.
Después la acusación.
Después la respuesta.
Después la batalla política.
Y mientras tanto, las personas quedan reducidas a una cifra.
No podemos normalizarlo.
No podemos normalizar que el Atlántico se convierta en una fosa.
No podemos normalizar que profesionales de emergencias tengan que enfrentarse una y otra vez a las consecuencias de una tragedia que llevamos años conociendo.
Y tampoco podemos normalizar que cada fallecido sea utilizado como argumento para atacar al adversario político.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir soluciones. Los profesionales tenemos derecho a exigir recursos. Las instituciones tienen la obligación de coordinarse. Y los responsables políticos tienen la obligación de rendir cuentas.
Pero hay una diferencia enorme entre hacer política sobre una tragedia y hacer política para evitar la próxima tragedia.
Después de veinte años en el ámbito extrahospitalario, tengo claro qué debería prevalecer cuando hay una emergencia: la persona.
No el partido.
No el titular.
No el relato.
No la batalla política.
La persona.
Quizá la verdadera madurez política de una sociedad se mida precisamente ahí: en nuestra capacidad para discutir las causas, exigir responsabilidades y defender posiciones diferentes sin olvidar nunca que, antes de ser un asunto político, una tragedia humana es eso: una tragedia humana.
Y cuando el mar vuelve a cobrarse vidas, quizá deberíamos preguntarnos menos quién gana el debate y mucho más por qué seguimos llegando tarde a la solución.
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