Después de unas elecciones, ya sean municipales, autonómicas o generales, siempre sale a la palestra el mismo problema y la misma disyuntiva: a quien pongo yo de asesor. Y lamentablemente, el resultado siempre es el mismo.El ...
Después de unas elecciones, ya sean municipales, autonómicas o generales, siempre sale a la palestra el mismo problema y la misma disyuntiva: a quien pongo yo de asesor. Y lamentablemente, el resultado siempre es el mismo.
El día que los partidos políticos se den cuenta de que las personas encargadas de asesorar a los políticos elegidos tienen que ser ciudadanos con la cualificación suficiente para desarrollar una eficiente labor en los departamentos a los que se les adjunte, los ciudadanos empezaríamos a creer en la honradez, la seriedad y la ética de los políticos que nos gobiernan.
Y cuando hablo de cualificación no me refiero en ningún caso solamente a una cualificación o titulación universitaria. Me refiero a personas con la preparación suficiente en la materia asignada y el sentido común necesario para que nos den la seguridad de que las carencias de nuestro políticos en determinadas materias van a ser suplidas con garantías.
En los últimos años, ha primado más el número de votos que aporta el asesor al partido, el número de carteles que ha sido capaz de pegar en la campaña o la cantidad de cafés que han llevado a los jefes de los partidos, que la profesionalidad, preparación y formación que tenía el candidato al puesto de asesor. No conozco ningún partido que se haya librado de este, "sui generis", casting para desarrollar una labor remunerada, con dinero de todos los ciudadanos, en nuestras instituciones insulares.
Pero lo más curioso de todo es que dentro de los partidos hay muchas voces que claman contra estas adjudicaciones digitales pero que no se atreven a decirlo en público, no vaya a ser que alguien me mire mal o me deje de hablar. En el fondo claman en el desierto.
El actual sistema democrático español permite que cualquier ciudadano, sea cual sea su condición social, intelectual, cultural, económica o sexual, pueda llegar a las más altas cotas de poder institucional. Y eso no es malo. Es la grandeza de la democracia.
Lo que el actual sistema democrático español permite, y eso sí que es malo, es que cualquier ciudadano sin más oficio ni beneficio que el hecho de ser un sumiso, un mandado o un correveidile, pueda llegar a ser alguien en esa misma institución. Esto no dejaría de ser una anécdota si el sueldo del susodicho se lo pagara el partido o el político que lo coloca. El problema es que ese sueldo sale del bolsillo de todos los ciudadanos, muchos en el paro y con infinitamente más cualificación laboral y profesional que el nombrado asesor.
En épocas como ésta, donde la dramática crisis económica azota a miles de hogares españoles, resulta ofensivo ver cómo los partidos políticos se convierten en empresas de trabajo temporal en las que cuanto más inútil y menos sepas hacer mejor. Solamente te exigen un requisito: la sumisión.
Pero todo esto tiene una razón de ser. Cuando un político llega al poder, se coloca los galones de capitán general con mando en plaza y decide, sin pensar bien en las consecuencias de sus actos, que la única estrella que tiene que brillar en su firmamento debe ser la suya. Su pensamiento es: cómo voy a poner a alguien que sepa más que yo para que me llegue a quitar el puesto.
Y que quede muy claro que esto no es un ataque gratuito contra los asesores nominados, ya que en la vida cada uno escoge el rol que quiere, puede o le dejan y es perfectamente legítimo, es contra los asesorados que pretenden suplir sus carencias con más carencias todavía.
Como colofón, les diría que en la política se cumple una máxima que dice: el inteligente se rodea de listos y el listo de tontos, por eso de ese firmamento de estrellas siempre se estrella el listo.
