Es sólo una cronología, pero pone los pelos de punta. Y es que es difícil que un simple relato de los hechos refleje con tanta claridad la desfachatez, la impunidad y la caradura con la que algunos han actuado en esta isla. Y sobre todo, que muestre con esa crudeza el lamentable papel de las administraciones públicas. En realidad, de todo el sistema, que permitió que tres promotores, los mismos de siempre, empezaran a construir nada menos que un puerto deportivo en Playa Blanca sin tener ningún tipo de permiso.
Ahora, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dice que no se ajustaba a ninguna normativa en vigor. Que incumplía el Plan General de Yaiza, el Plan Insular y hasta la Ley de Costas. ¿Qué ha pasado entonces durante estos doce años, desde que empezaron las obras hasta el día de hoy, en que continúa funcionando?
En este caso, desde luego, nadie puede decir que no se enteró de lo que se estaba haciendo. Hubo explosiones, relleno en el mar y se levantaron tiendas y restaurantes en un suelo que, según dice ahora la Apum, pertenece al dominio público marítimo terrestre. Pero además, hubo sonoras protestas de muchos ciudadanos y de varios grupos ecologistas. ¿Dónde estaba entonces la administración?
El Ayuntamiento de Yaiza, está claro: defendiendo a los promotores. De hecho, ni siquiera le habían pedido licencia (ni por supuesto habían pagado las tasas en ese concepto), pero acudió a los tribunales para solicitar que no paralizaran las obras. Y es que ésa es la otra parte inexplicable de lo que ha rodeado a la negra historia de Marina Rubicón. Se enfrentó a un expediente sancionador de la Apmun, a una denuncia del Seprona, a cinco procedimientos contenciosos administrativos en los Juzgados y, además, los promotores llegaron a estar imputados en dos procedimientos penales en estas obras. Sin embargo, todo se fue disolviendo, olvidando o archivando. ¿Por qué?
En uno de los casos, según ha quedado claro ahora, por dinero. El que los promotores de Marina Rubicón pagaron al empresario que les había denunciado, para conseguir que retirara los pleitos. Nada menos que 1,8 millones de euros. El contrato, eso sí, totalmente legal. E incluso comprensible por parte del empresario que lo aceptó. Él se vio perjudicado por las obras que se empezaron a realizar delante de su parcela, ya que él estaba construyendo un centro comercial que contaba con todos los permisos (y que debía estar en primera línea de mar), y cuando Juan Francisco Rosa le ofreció una "indemnización" por ese perjuicio, decidió aceptarla.
Para entonces, llevaba pleiteando un año, luchando no sólo con los promotores de Marina Rubicón, sino también con el Ayuntamiento de Yaiza. Y es que el Consistorio, en lugar de velar por un empresario al que le había concedido una licencia (el Ayuntamiento llegó incluso a negar en los Juzgados que se la hubiera concedido), se dedicó a defender un proyecto que se había iniciado sin ningún tipo de autorización, y que no tenía permiso municipal.
Por su fuera poco, mientras defendía en los Tribunales que el puerto no necesitaba licencia municipal (pese a que el Tribunal Supremo ya había sentado jurisprudencia al respecto unos años antes) y que las obras no se podían paralizar porque ya estaban terminadas, el Ayuntamiento se descolgó entonces con otro paso aún más desconcertante. El 20 de marzo de 2003, concedió la licencia a Marina Rubicón. Los promotores la habían pedido sólo seis días antes. Sin duda, otro récord de la administración de José Francisco Reyes, aunque no el mayor. La palma se la llevó el hotel Princesa Yaiza, que pidió licencia el 29 de mayo de 1998 y la consiguió ¡tres días después!
En el caso de Marina Rubicón, sólo había un informe de un aparejador municipal y otro del secretario lleno de ambigüedades, y con eso el Ayuntamiento otorgó la licencia a una obra que él mismo decía que estaba terminada. Y por si fuera poca desfachatez, el alcalde advirtió en el decreto que "se deberán iniciar las obras en el plazo máximo de seis meses".
En su momento, la maniobra no sirvió para frenar el procedimiento judicial que estaba abierto, porque el Tribunal mantuvo las medidas cautelares de paralización de las obras. Sin embargo, ahí llegaron los 1,8 millones de euros y el denunciante se retiró de ése y de otros pleitos que estaban abiertos, por lo que fueron archivados. Él, consideró compensados sus intereses, pero, ¿dónde estaban los que debían velar por el interés de toda la isla?
Evidentemente, el alcalde debía tener mucha prisa porque se inaugurara el puerto deportivo porque en esas mismas fechas, se compró un yate con dinero en metálico, lo puso a nombre de su hijo y lo atracó en Marina Rubicón. Y encima, los dueños dicen que "El Pachi" les dinamizaba el puerto. Por eso, durante años no le cobraron por el atraque. Justo hasta el día en el que José Francisco Reyes fue detenido en el marco de la causa abierta por la trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. La misma que ahora, ha permitido remover también esta oscura parte del pasado, y quizá ayudarnos de una vez a construir un futuro diferente.
