El relevo de Ástrid Pérez ha dejado de ser una cuestión orgánica para convertirse en una disputa sobre el futuro del partido y el poder que cada sector tendrá ante 2027.
«Un acuerdo sobre una persona no significa necesariamente un acuerdo sobre el poder.»
Hay momentos en la política en los que una decisión aparentemente menor termina revelando que el problema es mucho mayor. Lo ocurrido en el Partido Popular de Lanzarote con la cancelación de la Junta Directiva Insular prevista para el 21 de septiembre es uno de esos momentos. Sobre el papel, se trata de una reunión que debía servir para poner en marcha el Congreso insular. En la práctica, su suspensión vuelve a poner de manifiesto que el relevo de Ástrid Pérez no está siendo una transición sencilla y que detrás de la renovación de la dirección del partido hay mucho más en juego que un cambio de nombres.
El PP de Lanzarote lleva demasiado tiempo conviviendo con sus propias tensiones como para interpretar lo ocurrido esta semana como un episodio aislado. La salida de Jacobo Medina de la Secretaría General, su pérdida de la vicepresidencia del Cabildo, la llegada de María Jesús
Tovar a la dirección orgánica, las aspiraciones políticas de distintos dirigentes, la situación del pacto con Coalición Canaria y, finalmente, la aparición de José Valle como candidato de consenso forman parte de una misma historia: la búsqueda del poder interno que marcará el Partido Popular de Lanzarote durante los próximos años.
Y todo ello sucede cuando 2027 empieza a asomar en el horizonte.
Durante casi dos décadas, Ástrid Pérez ha sido la referencia indiscutible del PP lanzaroteño. Su liderazgo ha atravesado diferentes etapas, gobiernos, pactos, derrotas y victorias. Pero ningún liderazgo político es eterno. El propio partido comenzó hace tiempo a afrontar la necesidad de una renovación y el Congreso insular, pendiente desde 2021, debía convertirse finalmente en el escenario para cerrar esa etapa.
Parecía que la solución había aparecido con José Valle.
El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa aceptó convertirse en candidato de consenso para suceder a Pérez. Su perfil tenía una ventaja evidente: no estaba directamente asociado a las batallas internas que habían marcado la política popular de los últimos tiempos. Era, en principio, una figura capaz de sentar alrededor de una misma mesa a dirigentes con trayectorias y aspiraciones diferentes.
La operación parecía incluso diseñada para que nadie perdiera del todo. Ástrid Pérez podía facilitar una salida ordenada después de tantos años; el partido podía presentar una renovación; la dirección regional podía respaldar una solución de consenso y los diferentes sectores podían evitar una batalla interna que dejara heridas antes de comenzar el nuevo ciclo electoral.
Pero la política tiene una característica incómoda: un acuerdo sobre una persona no significa necesariamente un acuerdo sobre el poder.
Y ahí es donde probablemente se encuentra el verdadero problema.
Porque la cuestión no consiste únicamente en saber quién presidirá el PP de Lanzarote. La pregunta importante es qué equipo se situará alrededor de ese presidente, quién tendrá capacidad de decisión y, sobre todo, quién marcará la estrategia con la que el partido llegará a las elecciones de 2027.
El precedente de Jacobo Medina resulta inevitable.
En 2025, Ástrid Pérez decidió apartarlo de la Secretaría General del partido y sustituirlo por María Jesús Tovar. Poco antes, Medina había perdido también la vicepresidencia del Cabildo. Fueron dos movimientos de enorme trascendencia política que modificaron el equilibrio interno del PP lanzaroteño.
Medina, sin embargo, no desapareció.
Este mismo año volvió a manifestar públicamente su voluntad de encabezar la candidatura del Partido Popular al Cabildo. Es decir, un dirigente que había perdido peso dentro de la estructura orgánica del partido mantenía intacta su aspiración a ocupar la principal responsabilidad institucional que los populares pueden disputar en Lanzarote.
Ese hecho convierte el próximo Congreso en algo mucho más importante.
Porque la dirección que salga de ese proceso tendrá que convivir con las aspiraciones electorales de sus propios dirigentes. Tendrá que decidir cómo afrontar el futuro del Cabildo, cómo relacionarse con Coalición Canaria, cómo fortalecer su posición en Arrecife y cómo construir un proyecto capaz de presentarse ante los ciudadanos en 2027.
María Jesús Tovar tampoco es ajena a esta historia. La actual secretaria general llegó a reconocer públicamente, apenas unos días antes de que se conociera la candidatura de Valle, que estaba valorando presentarse a la Presidencia insular. Finalmente apareció una alternativa de consenso que podía evitar la confrontación.
Tovar ha negado que exista una división interna en el PP y ha defendido públicamente la unidad de la organización. Y conviene recoger esa posición porque forma parte de la realidad política del partido. Pero una cosa es negar la existencia de una fractura formal y otra muy diferente es ignorar que durante meses se han producido movimientos, ceses, aspiraciones y desencuentros que han alterado el equilibrio interno de la organización.
A todo ello se suma el papel de Yonathan de León. El alcalde de Arrecife ocupa la Vicesecretaría de Organización del PP insular y representa una pieza de enorme importancia por el peso político de la capital. Su posición no permite, por sí sola, hablar de un bloque organizado ni de una estrategia enfrentada a otros dirigentes, pero sí obliga a tenerlo en cuenta cuando se analiza quiénes tendrán influencia en la nueva etapa.
El Cabildo introduce otra variable. Partido Popular y Coalición Canaria gobiernan conjuntamente la institución insular y han tenido que afrontar diferencias durante el mandato. El próximo liderazgo del PP tendrá que mantener ese pacto, revisarlo o redefinir su relación con los nacionalistas dentro del marco que establezcan los órganos de ambos partidos. Lo que ocurra internamente en el PP tendrá, por tanto, consecuencias que pueden superar las paredes de su sede.
Y entonces aparece José Valle.
Su candidatura parecía ofrecer precisamente aquello que el partido necesitaba: una figura capaz de cerrar una etapa sin convertir el relevo en una guerra entre dirigentes. Pero la suspensión de la Junta Directiva demuestra que encontrar un nombre no basta. También hay que ponerse de acuerdo sobre el proceso, sobre la composición de la futura dirección y sobre el espacio que ocuparán quienes ya tienen una trayectoria y unas aspiraciones políticas propias.
Por eso la pregunta que ahora recorre el partido no debería ser solamente quién sustituirá a Ástrid Pérez. Hay otra mucho más profunda: quién decidirá el Partido Popular de Lanzarote que llegará a las elecciones de 2027.
La dirección regional de Manuel Domínguez aparece también en esta historia. Su papel en las conversaciones que desembocaron en la candidatura de Valle ha sido señalado públicamente y, al mismo tiempo, algunas informaciones apuntan a una intervención regional en la paralización de la Junta. Son extremos que deberán ser aclarados por el propio partido. Y precisamente esa necesidad de aclaración demuestra hasta qué punto la crisis ha dejado de ser una cuestión exclusivamente insular.
No hace falta hablar de dos PP para reconocer que existen tensiones. Tampoco hace falta atribuir intenciones ocultas a cada dirigente para comprobar que el equilibrio interno ha cambiado. Los hechos son suficientes: un liderazgo que llega al final de una larga etapa, un secretario general cesado, una nueva secretaria general que llegó a valorar su propia candidatura, un dirigente que reivindica de nuevo la candidatura al Cabildo, un alcalde con peso orgánico, un candidato de consenso procedente del ámbito empresarial y una Junta Directiva cancelada cuando debía iniciar el Congreso.
Todo esto dibuja un partido en transición. Y las transiciones políticas nunca se resuelven únicamente cambiando a la persona que ocupa el despacho principal. También hay que decidir quién acompaña al nuevo liderazgo, qué proyecto se quiere representar y qué equilibrio de poder se establece para afrontar el siguiente ciclo.
El problema del PP de Lanzarote, por tanto, no parece estar únicamente en quién sustituirá a Ástrid Pérez. Está en determinar si el partido será capaz de convertir una sucesión inevitable en una renovación ordenada o si las diferencias acumuladas terminarán trasladándose al Congreso y, después, a la construcción del proyecto electoral de 2027.
La cancelación de la Junta del 21 de septiembre puede ser una pausa para recomponer el consenso. También puede ser la primera señal de que el acuerdo anunciado alrededor de José Valle todavía no había resuelto las diferencias fundamentales. Habrá que esperar a los próximos movimientos para saberlo.
Pero una cosa sí parece evidente: el verdadero Congreso del PP de Lanzarote no empieza el día que se reúnen los compromisarios. Ha comenzado mucho antes, en los despachos, en las conversaciones internas y en las distintas aspiraciones que han ido aflorando durante los últimos meses.
Y quizá por eso la pregunta que mejor resume lo que está ocurriendo no sea quién ganará el Congreso, sino qué Partido Popular saldrá de él.
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