Al Ayuntamiento le salió más caro que si las hubiera comprado a cuatro veces su precio, pese que fueron donadas por cientos de lanzaroteños que demostraron su buena fe y su solidaridad, pero además, ni siquiera se sabe a ...
Al Ayuntamiento le salió más caro que si las hubiera comprado a cuatro veces su precio, pese que fueron donadas por cientos de lanzaroteños que demostraron su buena fe y su solidaridad, pero además, ni siquiera se sabe a ciencia cierta a dónde fueron a parar. Tres toneladas y media de alimentos, pese a su significativo volumen, han entrado en una zona de sombras y oscuridad. Versiones contradictorias y cambiantes y ni un sólo papel que refleje cómo se gestionó la ayuda donada por muchas personas, que pretendían ayudar a los que más lo necesitan en medio de una feroz crisis social.
El proyecto era descabellado desde el primer momento, pero sólo ahora, después de que Radio Lanzarote y lavozdelanzarote.com empezaran a desvelar algunos de estos aspectos, se han ido conociendo detalles que hasta ahora no se habían hecho públicos. Por ejemplo, que se contrató a una empresa de eventos para desarrollar la campaña "El kilo solidario", y que el presupuesto que presentó inicialmente para realizarla ascendía a más de 17 mil euros.
Ahora, desde esa compañía han contactado con La Voz para asegurar que el presupuesto inicial para el proyecto no coincide con la factura que presentaron tras dar por finalizados sus servicios. Pero al mismo tiempo, se negaron a facilitar ese documento, e incluso se mostraron indignados porque se hubiera hecho público el presupuesto, pese a que se trata de un acuerdo con una institución pública.
Tampoco la ex concejal que gestionaba el área, Emilia Perdomo, pudo precisar a La Voz cuánto pretendía cobrar la empresa tras darse por terminada la campaña. Sólo la nueva edil de Servicios Sociales tras la ruptura del pacto con el PIL, Isabel Pereyra, ha aportado una cifra, y afirma que la factura presentada por la empresa asciende a más de 14 mil euros. En definitiva, unos cuatro euros por kilo de alimento conseguido.
Es decir, que si directamente el Ayuntamiento hubiera comprado la mercancía, hubiera obtenido cuatro veces más, y sin necesidad de pedir donaciones de los ciudadanos, que se arañaron el bolsillo intentando ayudar a los que más lo necesitan.
Pero si el inicio ya era malo, e incluso ahora el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, afirma que parecía responder más a una "campaña de imagen" de los concejales del PIL, que hasta hace unas semanas eran sus socios de gobierno, lo más inaudito es cómo continuó el proceso.
Cuando presentaron la campaña dijeron que lo recaudado iría a parar a organizaciones no gubernamentales como Cáritas y Cruz Roja. Después, cuando La Voz hizo público que el almacén donde se guardaron los alimentos estaba vacío, Emilia Perdomo afirmó que la comida se había repartido a varias familias, a la ONG Calor y Café y a tres parroquias de Arrecife entre los días 25 y 26 de mayo, en plena Operación "Unión". Y por último, y cuando los responsables de Cáritas en esas Iglesias negaron haber recibido comida del Ayuntamiento, el PIL envió una nota de prensa con una nueva versión, afirmando que la mercancía no se distribuyó en dos días, sino durante un mes, en varios hogares necesitados de la isla, y que el día 26, cuando fue cesada Perdomo, se hizo una última entrega en Calor y Café. La única confirmada explícitamente por este centro.
Del resto, ni un albarán. Ni una justificación del reparto. Ni siquiera una información clara de quién llevó a cabo el traslado de los alimentos desde el almacén hasta los supuestos beneficiarios. De hecho, un mes después, el grupo de gobierno de Arrecife, ahora en minoría del PSOE, sigue sin saber qué sucedió y está elaborando un informe sobre un asunto que, según Pérez Parrilla, se ha llevado con "oscurantismo", hasta el punto de que afirma que algunos trabajadores del Consistorio se niegan a hablar.
Por eso, independiente de lo que cada cual pueda pensar ahora ante estos hechos, como mínimo reflejan unas formas que deberían ser inadmisibles, porque las instituciones no son un chiringuito donde uno pueda hacer y deshacer sin dar explicaciones de nada. Y no se puede invertir una opaca y desproporcionada cantidad de dinero público en una campaña para pedir la colaboración ciudadana, y luego encima no tener un detalle exhaustivo de qué se hizo con la mercancía, y de si se repartió atendiendo exclusivamente a criterios de necesidad.
El problema es que, probablemente, esto sea sólo un ejemplo más de cómo pueden llegar a gestionar algunos las administraciones públicas. Pero el agravante es que en este caso, no sólo se está jugando con el dinero público que se destinó a la campaña. Además, se está poniendo en riesgo la solidaridad de los ciudadanos, que pueden haber visto traicionada su confianza y pensárselo dos veces antes de volver a colaborar y, sobre todo, se está jugando con la comida de muchas familias y asociaciones que realmente lo necesitan.
