Ceuta y la línea roja del Sáhara

La nacionalidad saharaui como posible detonante de la crisis con Marruecos

El Sáhara Occidental es un territorio en proceso de descolonización, la última colonia de África. España continúa siendo la potencia administradora de iure. Si el referéndum se celebrara hoy, solo votarían los saharauis originarios del territorio y sus descendientes, que aparecen en un censo elaborado por Naciones Unidas en 1999 tomando como base el censo español de 1974. A mérito del referido censo, hay 86.386 votantes, a los que hay que unir los descendientes directos, lo cual hace que las personas con derecho al voto ronden entre las 200.000 y 250.000. Quedarían excluidos los colonos marroquíes trasladados al territorio después de 1975, así como funcionarios, militares y sus familias desplazadas por Rabat. La pregunta del referéndum sería la siguiente: ¿Desea usted la independencia del Sáhara Occidental o su integración en Marruecos? Lo de que el Sáhara sea una autonomía bajo soberanía marroquí es una propuesta diseñada unilateralmente por el reino alauita que no sustituye el derecho de autodeterminación reconocido por la ONU. El meritado censo de 1999 no es un censo de nacionalidades, sino de saharauis originarios del territorio; en el mismo hay personas con nacionalidad española, marroquí, argelina y también apátridas.

En este contexto jurídico, se tramita en las Cortes españolas una proposición de ley que permite a los saharauis nacidos bajo administración española —y a sus descendientes— solicitar la nacionalidad española. El día 10 se aprobó en el pleno del Congreso el dictamen de la ley, que ahora debe seguir su curso en el Senado. La norma ha generado un intenso debate porque toca uno de los elementos más sensibles del conflicto, cual es la identidad jurídica de la población saharaui. Para Marruecos, esta ley no es neutra. La prensa marroquí afín al Gobierno la ha descrito como una interferencia directa en su integridad territorial, y el exministro Mustapha El Khalfi ha advertido de que podría crear en España “un nuevo foco de apoyo al separatismo”. No significa necesariamente que esta sea la causa de la reciente invasión de Ceuta, pero sí constituye una hipótesis razonable dentro de un conjunto de tensiones que han coincidido en el mismo momento.

Parte del Gobierno español sostiene que la invasión de Ceuta es una crisis migratoria espontánea, fruto de redes sociales, mafias y desinformación. El ministro Albares ha llegado a señalar a Elon Musk, mientras Pedro Sánchez ha mencionado a Rusia e Israel, lo que ha provocado reacciones diplomáticas inmediatas de ambos países. Sin embargo, la mayoría del Congreso sostiene que el Gobierno de España sabía lo que iba a ocurrir y no hizo nada por evitarlo. Las razones para ello se desconocen. En las últimas horas ha ganado peso la hipótesis de Pegasus, es decir, la información que supuestamente obtuvo Marruecos del teléfono de Pedro Sánchez y de algunos de sus ministros. Otra hipótesis es la referida ley que prevé otorgar la nacionalidad española a los saharauis. Recordemos que este es el tema tabú de la monarquía del Sultán del Atlas, es su línea roja. El malik, o sea el monarca, tiene que conseguir incorporar el Sáhara al reino alauí sí o sí. Si así no fuera, a nuestro parecer, podría incluso peligrar la monarquía de “Al-Maghrib al-Aqṣà”, que es como llama Mohamed VI a su país, o sea, “El Occidente más extremo”.

Y en esta línea aparece una contradicción difícil de gestionar, toda vez que en 2022 Pedro Sánchez, siendo en esto aliado de Donald Trump y de Netanyahu, apoyó públicamente el plan de autonomía marroquí como “la base más seria y creíble” para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Sin embargo, ahora, en medio de la gravísima crisis de Ceuta, su Gobierno y la mayoría del Congreso han apoyado una ley que reconoce derechos específicos a los saharauis y legitima documentos como el censo de la ONU. Para Marruecos, esta doble posición no tiene sentido alguno, por una parte, España respalda su propuesta, pero por otra aprueba una norma que refuerza la identidad jurídica saharaui.

Mientras tanto, el Frente Polisario ha incrementado sus ataques contra posiciones marroquíes situadas a lo largo del muro que divide el Sáhara Occidental, lo cual podría ser interpretado por Rabat como una señal de que el Polisario se siente respaldado por el clima político internacional. Para Argelia, principal apoyo del Polisario, son una forma de recordar que el conflicto sigue vivo, y en esta línea “el gigante del Magreb” ha roto relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, uno de los países que apoya abiertamente el plan marroquí sobre el Sáhara. Este gesto parece no estar relacionado directamente con Ceuta, pero sí forma parte del reacomodo regional en torno al conflicto saharaui. Argelia endurece su posición, Marruecos se siente rodeado y España queda en medio de un tablero cada vez más polarizado. Como recordó Felipe González en una reciente conferencia en Lanzarote, hemos vuelto a la geopolítica de siglo XIX, un mundo sin potencia hegemónica en el que vuelve a imponerse la máxima, popularizada por Hobbes, de que el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus

No soy capaz de encontrar una explicación única a todo lo que está ocurriendo ni de determinar si existe una relación directa entre todos estos elementos. Sea como fuere, la ley de nacionalidad saharaui, la contradicción diplomática española, los ataques del Polisario, el movimiento de Argelia, la presión migratoria como herramienta política y la investigación de Pegasus forman un conjunto de tensiones simultáneas que han convertido el Estrecho en una olla a presión. Dejo al amable lector que saque sus propias conclusiones, si es que puede.

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