Maricarmen tiene 87 años. Llevaba 71 viviendo en la misma casa de Madrid y este miércoles fue desahuciada en el cuarto intento. Setenta y un años de vida caben en una vivienda; en una hoja de cálculo, al parecer, caben en una casilla de rentabilidad.
El conflicto llegó a los tribunales y la propiedad obtuvo una resolución favorable. Conviene decirlo con claridad: el lanzamiento tenía cobertura judicial. Pero una decisión legal no nos obliga a aplaudir sus consecuencias ni exime a las administraciones de preguntarse qué hicieron para evitar que una mujer de 87 años terminara fuera de su hogar.
La propiedad reclamaba 2.650 euros al mes para que pudiera quedarse, frente a los aproximadamente 500 que venía pagando. Hasta apareció una persona dispuesta a asumir la diferencia. Que la permanencia de una anciana en su casa dependa de la generosidad de una desconocida debería avergonzarnos bastante más que cualquier pancarta delante del portal.
La vivienda debería ser una garantía para desarrollar una vida digna. No puede quedar entregada a la especulación como si se tratara de una ficha de Monopoly.
Existe el derecho a la propiedad privada, por supuesto. También existe el artículo 47 de la Constitución, que habla de vivienda digna y encomienda a los poderes públicos impedir la especulación. Hay quien cita la Constitución con una memoria prodigiosa hasta que llega a ese artículo. Entonces se le nubla la vista.
Comprar, revalorizar, subir el alquiler, vender y empezar de nuevo puede resultar un negocio magnífico. Tiene un pequeño inconveniente: dentro de las casas vive gente. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte insoportable de sus ingresos al alquiler, trabajadores con nómina que no encuentran dónde vivir y personas mayores a quienes ni siete décadas en el mismo hogar les garantizan estabilidad.
Y aquí importa saber quién tiene la competencia. El Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid competencia exclusiva en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Por tanto, cuando hablamos de parque público, de política autonómica de vivienda y de alternativas residenciales en Madrid, el Gobierno regional no puede salir de la fotografía justo cuando toca responder.
El Estado y el Ayuntamiento también tienen instrumentos y responsabilidades en sus respectivos ámbitos. Lo que no sirve es convertir el reparto competencial en un campeonato de pasarse la pelota. Para eso ya hay deportes; gobernar exige algo más.
La política de vivienda no puede empezar cuando llegan las cámaras, se llena la calle y una mujer de 87 años tiene las cajas hechas. Empieza antes: con vivienda pública suficiente, alquileres asequibles, prevención de situaciones de vulnerabilidad y alternativas dignas que no aparezcan únicamente cuando el caso se vuelve noticia.
Defenderlo no elimina la propiedad privada. Significa reconocer que una vivienda cumple una función social porque satisface una necesidad básica. El mercado puede existir. Lo que no
podemos aceptar es que su rentabilidad sea el único criterio mientras el derecho a una vivienda digna queda reducido a una frase bonita para los discursos.
Maricarmen ya ha perdido su casa. Ningún párrafo le devuelve los 71 años vividos allí. Pero su caso sí debería obligarnos a decidir qué vamos a exigir a quienes tienen la responsabilidad de actuar, empezando por la Comunidad de Madrid.
Una casa puede ser una inversión. Antes que eso, es el lugar donde alguien vive. Y una política de vivienda que olvida esa diferencia no está resolviendo el problema: está administrando la expulsión de quienes ya no pueden pagar la siguiente subida.
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