La destitución de la doctora Elisa Corujo es un atropello democrático que huele a censura institucional. La decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de fulminar a la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia no fue un simple relevo organizativo; supuso un castigo político ejemplarizante.
Escudarse en una vaga "imposibilidad para el ejercicio de sus funciones" para apartar a una geriatra en plenitud de sus capacidades profesionales constituye un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y un acto de cobardía administrativa que busca camuflar lo intolerable.
El verdadero "delito" de Corujo fue negarse a ser el felpudo político de una Consejería que confunde la gestión pública con el cortijo privado. Su pecado consistió en defender a rajatabla la independencia del órgano evaluador y cumplir con la ley al trasladar el informe anual de la eutanasia para su publicación en el Portal de Transparencia. Que los datos incómodos sobre la aplicación de la muerte digna en las Islas escuezan en los despachos oficiales solo demuestra la alergia crónica que este Ejecutivo tiene a la verdad y a la rendición de cuentas.
Cuando Sanidad prefiere decapitar profesionalmente a una facultativa íntegra antes que asumir las carencias estructurales del sistema, el mensaje que envía a todo el personal sanitario es devastador: o callas y eres cómplice, o te vas a la calle. Este cese forzoso no solo desmanteló la neutralidad de una comisión médica crucial para los pacientes más vulnerables, sino que dinamitó la poca credibilidad que le quedaba al Servicio Canario de la Salud.
La Consejería de Sanidad tiene que revertir esta cacicada de inmediato. Si la consejera Esther Monzón no anula la destitución y restituye a Elisa Corujo en su cargo, quedará definitivamente firmado que en Canarias la transparencia se persigue y la disidencia profesional se castiga con la purga. Con los derechos fundamentales no se juega para salvar sillones.
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