Matar al mensajero siempre ha sido lo más fácil. Y aunque el periodista es el primer y último responsable de lo que difunde, lo cierto es que las fuentes de las que parte cada noticia también deberían tomar conciencia de la ...
Matar al mensajero siempre ha sido lo más fácil. Y aunque el periodista es el primer y último responsable de lo que difunde, lo cierto es que las fuentes de las que parte cada noticia también deberían tomar conciencia de la importancia de ese proceso informativo. Especialmente en el caso de los representantes públicos, ya que los medios son, entre otras cosas, una herramienta para que la sociedad conozca su gestión. Con sus luces y con sus sombras.
Sin embargo, en demasiadas ocasiones las instituciones públicas se convierten en un muro infranqueable. Deciden cortar por lo sano y resuelven que hay realidades que no tienen por qué ser conocidas. Cierran la puerta con llave y no dejan husmear al que indaga para cumplir con su trabajo y compromiso con la ciudadanía. Y aunque realmente buena parte de la esencia del trabajo periodístico está en conseguir desvelar lo que otros quieren que permanezca oculto, lo cierto es que hay cuestiones ante las que, más allá de la labor de investigación que pueda desarrollar un medio, es la administración competente la que está obligada a dar explicaciones.
Pero lejos de actuar así, ocurre que acontecen hechos de absoluta relevancia pública y privada, como la supuesta concesión del tercer grado a Dimas Martín, e Instituciones Penitenciarias se conforma con decir que nada puede decir. Y después de que el pasado viernes todos los medios de comunicación dieran la noticia de que el líder del PIL recuperaba la semilibertad, porque el propio Dimas Martín había avisado a su familia de que pronto iba a pasar el día fuera de la cárcel ya que acababa de recibir la notificación, horas después una opaca confusión volvía a dejarle sin tercer grado, por un "error burocrático". Pero Instituciones Penitenciarias no confirma ni desmiente esa concesión, ni aclara qué es lo que ha pasado, porque no se siente responsable de la ilusión que siente un preso y sus allegados cuando recibe una semilibertad, ni se percata de que la opinión pública merece saber qué va a ser de un personaje público que fue presidente del Cabildo, senador, parlamentario y alcalde de Teguise y que ahora está condenado a ocho años de cárcel, de los que ha cumplido diez meses. Entonces los medios de comunicación tienen que publicar una confusión como noticia, por culpa de algo que una semana después Instituciones Penitenciarias reconoce que fue un "error", pero del que sigue sin dar explicaciones, alimentando así una desconfianza generalizada en el sistema.
Y eso no significa que una administración deba salir al paso de cada rumor. Este tema es mucho más que eso, y la administración debería aclarar si realmente a Dimas Martín se le llegó a conceder y retirar el tercer grado en la misma mañana, y por qué. O si simplemente está mintiendo todo su entorno.
En este sentido, no hay que perder de vista que en la cadena informativa participamos todos, y precisamente por ello las instituciones cuentan con gabinetes de comunicación que desgraciadamente se alejan con demasiada frecuencia del que debería ser su objetivo. Y en lugar de clarificar el trabajo de las administraciones públicas y sus representantes y de trasmitirlo a los medios de comunicación con el fin de que actúen de correa de transmisión con los ciudadanos, terminan más como asesores de imagen o, en muchos casos, como barreras para poner cortapisas en el acceso a la información.
Ejemplos de este tipo componen la labor cotidiana de un periodista. Esta misma semana, La Voz intentaba buscar una explicación a por qué la Unidad de Drogodependientes del Hospital General de Lanzarote estaba cerrada, pero sólo pudo encontrar un intento de negar la existencia de un nuevo problema en el sistema sanitario con justificaciones contradictorias, pero no una explicación oficial de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sobre lo que ha sucedido.
Es una maquinaria que se activa en todas las instituciones, y que también pone trabas a la mayoría de técnicos y funcionarios para poder hablar públicamente, cuando muchas veces son los verdaderos conocedores de una determinada situación.
Es como un grifo que abren y cierran las administraciones, filtrando en ocasiones hasta las declaraciones de los representantes públicos, precisamente cuando más necesarias serían. Porque cuesta entender, por ejemplo, que haya que esperar a la celebración de un Pleno para saber que el alcalde de un municipio, en este caso de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, al parecer ha cambiado de opinión con respecto al futuro de un Plan General que afecta al modelo de una ciudad. Un silencio repentino que también invadía en su momento a muchos de sus antecesores en el cargo y que sigue invadiendo ante determinadas circunstancias a los representantes de casi todas las instituciones.
Obviamente, los medios de comunicación no son meros transmisores de lo que unos y otros quieren contar en cada momento, y el trabajo periodístico va mucho más allá, pero cumplir con el trabajo también implica exigir que los representantes públicos cumplan con sus obligaciones, no ya con la prensa, sino con la sociedad. Porque no se puede matar al mensajero, ni muchos menos amordazarlo.
