La UNESCO advierte que «Cerca de una quinta parte (1,200 millones) de la población mundial de 6 mil millones de personas, habita en áreas que enfrentan escasez de agua, y otro cuarto de la población mundial (1,600 millones) enfrenta recortes en el suministro de agua (ONU, 2005). La escasez de agua representa para muchos países el desafío más acuciante para el desarrollo socioeconómico y humano en general.»
El problema del consumo de los depósitos hídricos crece paralelo al crecimiento poblacional y al mal uso que hacemos de un bien limitado e imprescindible para la vida. Por ello, educar en las buenas maneras y reconocimiento de la importancia del líquido esencial es algo que la coherencia no puede pasar por alto después y antes de tomar medidas restrictivas. Cuando hablamos de gastos superfluos que se pueden evitar, de coherencia, pasamos por alto cuestiones ideológicas y abogamos por una gestión seria y responsable. Otros temas relacionados, como el acaparamiento y negocio con el agua potable, vamos a pasarlos por alto de momento.
Pero cuando miramos para casa, para Canarias, vemos distintos polos que se alejan de toda coherencia y ejercicio político responsable. Por ejemplo, podemos satisfacernos cuando vemos instalar césped artificial en rotondas de los municipios más húmedos del archipiélago; mientras tenemos noticias de 24 campos de golf en Canarias, con el gasto que ello supone, en una tierra limitada por mar, donde las restricciones están a punto de caer sobre la población humana del Archipiélago y ya perjudican seriamente a la agricultura y ganadería.
Se calcula que un campo de golf en el sur de Europa requiere 300.000 metros cúbicos de agua al año: son 300 millones de litros de agua. Si multiplicamos por 24 tendremos una cifra equivalente al 5% del gasto total de Canarias en 2018, según el Instituto de Estadística. Lo peor es que el número de campos de golf se prevé que pueda seguir subiendo, mientras el agua seguirá mermando sin duda. Además, ya en el sur de Europa, en Madrid (España) existen campos de golf de césped artificial donde se practica el deporte federado y se alaba la calidad de una alfombra que no necesita agua. ¿No sería lo más razonable exigir que los campos cambien a césped artificial, dando un plazo razonable?
En el Estado español se sufren importantes restricciones con el agua. No nos referimos a la prohibición de llenar piscinas o lavar coches, sino a cortes del suministro a los hogares durante muchas horas al día. ¿De verdad no se puede legislar sobre este gasto cuando es evitable? Y, por otro lado, ¿los señores del golf prefieren no dar este paso y esperar a que las restricciones les alcancen y se sequen los campos?
El turismo que atraen estas instalaciones puede ser importante, pero no más que el de consumo de la agricultura, ganadería o la necesidad humana. Por eso la necesidad de exigir control y coherencia a los gestores políticos es, en este caso, algo apremiante y que no deben dejar pasar ni los propios practicantes de este deporte con residencia en el Archipiélago.
