Derecho al Techo ha anunciado que comparecerá este miércoles ante el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para reclamar al Gobierno de Canarias que se posicione públicamente ante la crisis de vivienda que azota al archipiélago y que incorpore las principales medidas planteadas por los sindicatos de inquilinas y Derecho al Techo. Entre otras medidas, pide que desde el Ejecutivo atajen "el fraude" de los alquileres temporales y que aplique mecanismos para combatir el aumento de los precios del alquiler.
"La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía mientras miles de familias viven con el miedo permanente a una subida del alquiler, a la finalización de su contrato o a ser expulsadas de sus hogares", defiende en un comunicado.
Así, relatan que el llamado Decreto Maricarmen representa para el movimiento inquilino "una oportunidad para abordar algunas de las causas estructurales de la emergencia habitacional, la estabilidad de los contratos, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones cuando encubran necesidades de vivienda habitual, contención de los precios y protección efectiva frente a los desahucios".
"Desde Canarias queremos dejar claro que la responsabilidad no termina en Madrid", advierten. Al tiempo en que defienden que el Gobierno de Canarias tiene competencias y herramientas propias en materia de vivienda y debe utilizarlas. Desde 2025 existe en la normativa autonómica un procedimiento específico para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y los ayuntamientos pueden iniciar el procedimiento pero corresponde a la Consejería de Vivienda resolver la declaración.
Por eso exigen al Ejecutivo canario:
- Que reclame públicamente al Gobierno central un Decreto Maricarmen que dé respuesta real a la emergencia habitacional.
- Que impulse y facilite la declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos legales.
- Que aplique mecanismos efectivos para contener los precios del alquiler.
- Que actúe frente al "fraude" de los alquileres de temporada y otras vías utilizadas para eludir la regulación de la vivienda habitual.
- Que ponga en marcha medidas para recuperar vivienda vacía para uso residencial.
- Que proteja y amplíe el parque público de vivienda.
- Que garantice que ninguna persona vulnerable sea expulsada de su hogar sin una alternativa habitacional digna y adecuada.
"El desahucio es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes, alquileres inasumibles, contratos inestables, precariedad, especulación y ausencia de alternativas", insiste el colectivo. "No queremos más parches. Queremos estabilidad, regulación y vivienda como derecho", añaden.
Para concluir, han decidido lanzar un mensaje al Gobierno de Canarias: "La vivienda también es responsabilidad del Gobierno de Canarias. Que no eche balones fuera".
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