Derecho al Techo ha denunciado que la Ley de Vivienda de Canarias, impulsada por el Gobierno canario, ha excluido a miles de familias necesitadas. Este colectivo en defensa del derecho a la vivienda en Canarias ha presentado junto al Observatori DESCA los datos sobre el impacto de la política de vivienda protegida del Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canarias).
El 26,2% de hogares españoles excluidos y el 52,3% de los extranjeros
Las cifras ofrecidas por Derecho al Techo recogen que el 26,2% de los hogares de nacionalidad española encabezados por personas de entre 35 y 65 años no alcanzaría los ingresos mínimos exigidos para acceder al régimen general de vivienda protegida de promoción pública en Canarias. Si se analiza el índice en la población de origen extranjero el porcentaje es aún mayor, asciende al 52,3%.
"Uno de cada cuatro españoles y dos de cada cuatro extranjeros de mediana edad quedan excluidos del sistema de vivienda pública por ser demasiado pobres a la vez que no pueden acceder al mercado libre", ha lamentado el colectivo. Así, ha añadido que "estos límites suponen la exclusión automática de 68.144 hogares inquilinos en Canarias, ya que estos cuentan con ingresos netos mensuales inferiores a 1.000 euros", según el INE.
Ambos organismos han señalado que esta exclusión "se ceba especialmente" en las mujeres con hijos menores a cargo, ya que un 41,76% de las familias monomarentales se encuentran en riesgo de pobreza, casi el doble que el resto de los hogares (21,59%).
Una demanda ante el TSJC
La presentación de estos datos inéditos, se suma a la demanda presentada el pasado mes de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que se declare ilegal el decreto 23/2026 aprobado por el Ejecutivo canario por presuntamente vulnerar los derechos fundamentales.
Esta demanda -que recientemente ha sido trasladada al Ejecutivo canario para que le dé respuesta incluye ahora "un informe técnico sobre los principales impactos de la prioridad nacional canaria en materia de vivienda pública".
Asimismo, el texto desarrolla diez motivos de impugnación y cuestiona tanto el procedimiento de aprobación del Decreto como sus consecuencias sociales. Entre ellos, destacan los requisitos de residencia prolongada, la falta de análisis suficiente de su impacto discriminatorio, las exclusiones por motivos económicos y las sanciones a personas que han tenido que recurrir a la ocupación de una vivienda ante la ausencia de alternativas habitacionales.
Migrantes, mujeres y trabajadoras esenciales, los colectivos más perjudicados
Una de las medidas más lesivas es la exigencia de haber residido de forma continuada durante doce años en Canarias para poder ser adjudicatario de una vivienda protegida de promoción pública, además de cinco años de residencia o trabajo continuado en el municipio correspondiente.
Esta medida sigue la línea de la llamada “prioridad nacional” que los partidos de derecha y ultraderecha están imponiendo en otras regiones como Andalucía, Extremadura, Valencia o Murcia.
Según los datos del Censo de Población de 2021 recogidos en la demanda, el 51,42% de la población extranjera y el 14% de la población de nacionalidad española no cumplirían el requisito de los doce años de empadronamiento. En el caso de los primeros la situación es todavía peor, ya que las personas migrantes se enfrentan a importantes obstáculos para acceder al mercado del alquiler por culpa del racismo inmobiliario, y a trabas para poder empadronarse.
Asimismo esta exclusión afecta de forma indirecta a la infancia, ya que las estadísticas del INE confirman la presencia de hijos menores de 25 años a cargo en hogares de origen extranjero. Por tanto, al negarles el acceso a una vivienda pública a sus progenitores por no alcanzar los 12 años de empadronamiento, el decreto también castiga a los niños y niñas residentes en Canarias.
Menor estabilidad residencial entre trabajadores no cualificados
En el caso de los trabajadores esenciales no cualificados (sector alimentación, hostelería, etc.), las cifras del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) incluidas en la demanda muestran que son quienes tienen menor estabilidad residencial: solo el 37,83% lleva 10 años o más en su vivienda actual, mientras que el 19,65% lleva menos de 2 años, el 18,69% entre 2 y 5 años, y el 23,84% entre 5 y 10 años. Exigir 12 años de residencia continuada para acceder al Registro de Demandantes, ó 5 años de empadronamiento en el municipio correspondiente castiga directamente a las clases trabajadoras con mayor movilidad laboral y residencial y mayor riesgo de pobreza.
Por último, otro de los motivos de impugnación es la exclusión del Registro de Demandantes de quienes hayan ocupado sin título habilitante una vivienda protegida de promoción pública, "sin atender suficientemente a sus circunstancias de necesidad y vulnerabilidad". "Recordamos que hay familias que llegan a situaciones de ocupación después de sufrir un desahucio ante la falta de alternativas habitacionales por parte de las Administraciones Públicas", ha mantenido.
Para Derecho al Techo y el Observatori DESCA estas cifras evidencian el riesgo de discriminación indirecta de una medida aparentemente neutral, pero que perjudica especialmente a la población migrante, a las trabajadoras y trabajadores esenciales y a las personas con mayor precariedad residencial.
"Y no podemos aceptar que una familia quede excluida de la vivienda pública por ser demasiado pobre", han denunciado. "La vivienda protegida debe servir precisamente para garantizar el derecho a un hogar y promover la igualdad material, especialmente a quienes no pueden acceder al mercado, y no convertirse en un privilegio reservado a quienes cumplen unas condiciones económicas y administrativas cada vez más restrictivas.
Por ello, han reclamado que el Gobierno de Canarias cumpla sus obligaciones legales y desarrolle un parque público suficiente, en lugar de "utilizar el racismo y la xenofobia para levantar nuevas barreras que también afectan a la población canaria autóctona".
"No sobran personas, falta política pública", relata
Desde Derecho al Techo y el Observatori DESCA han recordado que la crisis migratoria es, en esencia, "la crisis de desalojo de millones de personas de sus países de origen por los impactos de décadas de políticas neoliberales e imperialistas".
En este sentido, han recalcado que el sistema "no está colapsado por el crecimiento demográfico" (un +7,2% entre 2013 y 2025, que equivale a un moderado +0,6% anual), sino por "la parálisis absoluta de la promoción pública de vivienda". "En más de 10 años -entre 2014 y 2025- el promotor público solo ha otorgado calificación definitiva a 184 viviendas protegidas", ha resaltado el colectivo. En el archipiélago, Canarias no ha terminado ninguna vivienda social desde 2022.
Además Canarias cuenta, según datos del INE de 2021 recogidos en la demanda, con 211.452 viviendas vacías.
Desde Derecho al Techo y el Observatori DESCA hemos solicitado al TSJC que valore el Decreto conforme a los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos sociales, teniendo en cuenta el impacto de sus requisitos sobre los colectivos más vulnerables.
Más vivienda pública y limitar la especulación
Defendemos que la respuesta a la crisis de vivienda pasa por aumentar el parque público, limitar la especulación, movilizar las viviendas vacías, garantizar alternativas habitacionales y establecer criterios de adjudicación proporcionados y compatibles con los derechos fundamentales.
"La emergencia habitacional no se resuelve dejando fuera a más personas, se resuelve garantizando que quienes no pueden acceder a una vivienda en el mercado, tengan una respuesta pública efectiva".
Para concluir, defiende que "la vivienda es un derecho, no un privilegio". "Y la vivienda pública debe estar al servicio de quienes más la necesitan, sin barreras discriminatorias ni exclusiones injustificadas", ha finalizado.
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