La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) ha denunciado la aprobación "exprés" e irregular de la nueva norma que define el concepto de construcción industrializada, al considerar que excluirá a Canarias y limitará las soluciones tecnológicas por las que apuesta el sector en las islas. La patronal reclama la paralización del procedimiento y su reconducción.
Entre sus principales críticas, la AECP sostiene que el procedimiento seguido por la Asociación Española de Normalización (UNE) omitió el trámite legal previo a la votación del texto definitivo, incumpliendo el reglamento aplicable y sin responder a las alegaciones presentadas por la patronal.
La alarma llega en un momento en que el Gobierno de Canarias y los constructores del archipiélago estaban coordinando un gran impulso a este tipo de construcciones en las islas para combatir la emergencia habitacional.
También considera que el comité encargado de definir el futuro de la construcción industrializada no es representativo del sector y que la norma impone una definición restrictiva y sesgada del concepto de construcción industrializada, dejando fuera a Canarias, limitando su evolución tecnológica y restringiendo la competencia y la competitividad.
La AECP ha presentado una impugnación formal ante la Asociación Española de Normalización (UNE) por el proceso de aprobación de la nueva norma UNE 41610, cuyo objetivo es definir el concepto de construcción industrializada. La organización considera que se ha producido un "atropello procedimental" al vulnerarse los principios recogidos en el Reglamento de los Comités Técnicos de Normalización y en el Código Ético de la entidad.
La patronal ha trasladado esta situación a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias y a la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), al considerar especialmente grave que, pese a haberse personado en el procedimiento y haber presentado alegaciones y advertencias, el comité responsable de la norma haya ignorado tanto sus propios reglamentos como la normativa europea.
Un comité de construcción sin constructores
La AECP califica de "irresponsable, llamativo e intolerable" que el órgano encargado de aprobar la norma carezca de la representatividad necesaria. Según denuncia, en el comité no están presentes las principales organizaciones del sector, como la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), que agrupan a más de 80.000 empresas en España.
A juicio de la patronal, esta ausencia convierte las decisiones adoptadas en restrictivas y sesgadas, comprometiendo la evolución del sector hacia la automatización, la robotización y la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas.
La propuesta defendida por la AECP apostaba por un marco más amplio e inclusivo, definiendo la industrialización como un proceso desarrollado bajo condiciones digitalizadas, trazables, repetibles, automatizadas y controladas, tanto en obra como fuera de ella.
Según la organización, esta definición permitiría aplicar la norma de forma flexible y adaptada a la innovación que ya está transformando el sector. Recuerda además que el impulso de estos sistemas responde a la necesidad de ofrecer soluciones más rápidas, eficientes y sostenibles ante la emergencia habitacional, especialmente en Canarias.
Una norma que frena el desarrollo de la construcción industrializada
La patronal advierte de que la redacción aprobada no contempla la complejidad de los procesos logísticos de transporte, premontaje y preensamblaje necesarios para implantar estos sistemas constructivos.
En el caso de Canarias, la condición de región ultraperiférica y la fragmentación insular hacen imprescindible disponer de un tejido productivo capaz de desarrollar las distintas fases del proceso. Sin embargo, la AECP sostiene que la norma no contempla esta realidad.
Añade que el problema también afecta a otros territorios, ya que en muchos casos resulta inviable transportar módulos tridimensionales directamente desde la fábrica hasta la obra, lo que dificulta alcanzar los mayores niveles de industrialización.
Por ello, la organización propone incorporar centros intermedios de montaje o preensamblaje próximos al destino final de los módulos. De este modo, podrían transportarse en mejores condiciones logísticas y completarse posteriormente, manteniendo los controles de calidad y trazabilidad y favoreciendo el desarrollo de estas soluciones sin crear barreras innecesarias.
Barreras al mercado e innovación
La AECP considera que el texto aprobado por la UNE reduce de forma excesivamente restrictiva el concepto de construcción industrializada al producto prefabricado en fábrica o taller.
Al excluir los procesos automatizados o robotizados ejecutados directamente en la obra, la norma dejaría fuera a numerosas empresas tradicionales y startups que ya están invirtiendo en tecnologías de construcción in situ, a pesar de que estos sistemas están recogidos en la normativa europea y se utilizan tanto en obra pública como privada.
Además, la patronal advierte de que esta definición podría afectar al acceso a fondos públicos. Aunque las normas UNE son de aplicación voluntaria, suelen utilizarse como referencia en licitaciones y ayudas vinculadas a los PERTE, por lo que numerosas soluciones innovadoras quedarían excluidas.
Asimismo, sostiene que la norma podría entrar en conflicto con el Reglamento Europeo de Productos de Construcción al establecer una barrera técnica frente a la innovación digital y la robotización en obra.
Petición de paralización
La AECP ha solicitado a la Asociación Española de Normalización que retrotraiga el procedimiento hasta el momento de adopción del acuerdo, incorpore al debate a las organizaciones representativas del sector —que agrupan a unas 80.000 empresas y 60 códigos de actividad— y elabore una definición de construcción industrializada que sea inclusiva, flexible y acorde con la realidad tecnológica actual.
La patronal considera que la definición que finalmente se apruebe condicionará el presente y el futuro del sector y reclama que el procedimiento se revise para corregir los posibles defectos detectados, garantizando la transparencia, la imparcialidad y la participación efectiva mediante la celebración de los comités técnicos y subcomités que sean necesarios.
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