En Lanzarote, el número de viviendas vacacionales publicadas en plataformas pasó casi 7.925 unidades en mayo de 2025 a un total de 6.373 en mayo de 2026, lo que supone 1.552 menos (-19,5%), según un informe presentado este martes por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV).
En el conjunto de Canarias la caída proporcional es la misma (-19,5%) al pasar de un total de 47.648 en mayo de 2025 a 38.337 en mayo de 2026, lo que supone una reducción de 9.311 viviendas, que ASCAV denuncia “no ha cambiado la situación del alquiler residencial”.
El descenso se concentra principalmente tras la publicación de la Ley 6/2025 LOSUTV en diciembre de 2025: entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 la oferta publicada se reduce en 8.780 viviendas, en menos de seis meses.
ASCAV considera que dicha ley “expulsa a miles de familias del negocio turístico” y es “un exterminio de la vivienda vacacional en 46 páginas de exposición de motivos, que no se corresponde con la realidad”.
“A pesar de la sangría de VV, los alquileres residenciales siguen subiendo de precio”, denuncian desde ASCAV.
“Se ha decidido acabar a toda costa con un sector alojativo que representa un complemento de renta a miles de familias en Canarias, que pagan impuestos en Canarias y que aportan un valor económico transversal a muchos sectores en nuestro destino”, añaden.
La enmienda de la discordia
Para ASCAV, “lo más insólito es la evolución de la Ley anti VV desde diciembre de 2025 hasta la actualidad”.
“La proliferación de enmiendas no ha parado desde entonces, pero, la única que podría salvar a miles de familias es, la que ha articulado ASG, desmarcándose del Grupo de Gobierno, defendiendo la inocuidad de la actividad clasificada como una enmienda transaccional a la que se han sumado PSOE y NC y que apoya VOX”, explican desde la Asociación.
ASCAV denuncia que dicha enmienda, la 92, fue aprobada, por mayoría, en comisión parlamentaria el pasado 9 de julio, pero Coalición Canaria presentó cuatro días después “un escrito anunciando el voto particular, sin haberlo anunciado debidamente en el debate del Dictamen de la Comisión y fuera de plazo, para tumbar la enmienda ya aprobada legalmente”.
“Es más, se presenta sin motivación ni razonamiento alguno, ni formal, legal o material del por qué se emite dicho voto, tal y como exige la propia norma del Parlamento regional”, explican desde ASCAV.