La Asociación Canaria de la Vivienda Vacacional (Ascav) ha acusado este martes al Gobierno de Canarias de pretender "llevar a cabo sustanciales modificaciones que recrudecen aún más las condiciones que los propietarios tendrán que sufrir" en el sector.
Un Proyecto de Ley (PL-0013) para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas es la vía por la que intenta esa modificación el Ejecutivo, que lo hace, además, mediante "una serie de enmiendas en relación con una materia turística que nada tiene que ver con el objeto inicial de la norma", asegura en un comunicado la Ascav.
Organización que afirma que esas enmiendas se introdujeron "una vez el Proyecto de Ley recayó en sede parlamentaria" y que, "además de la absoluta desconexión en cuanto al objeto, las enmiendas introducidas alteran significativamente el régimen jurídico de una tipología de alojamientos turísticos de Canarias".
La Ascav señala que, "por tanto, considera fundamental que el Consejo Consultivo vuelva a emitir un preceptivo informe jurídico, aunque no vinculante", pues "ya en un dictamen, 99/2019, el Consejo Consultivo se pronunció a este respecto, por lo que, para aprobar una norma, debe existir una conexión entre la norma a aprobar y las enmiendas introducidas, lo que no es el caso".
La patronal sostiene que "una enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que deber nacer de una, también, nueva iniciativa, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional (4/2018)".
La Ascav expone que "los cambios propuestos por el grupo de Gobierno llegan hasta tal punto, que incluso invaden competencias estatales, como determinar, que todos los alquileres inferiores a 31 días serán declarados turísticos, aunque no lo sean", y añade: "es más, este precepto obliga al arrendador, no sólo a requerir de información al inquilino, sino que tendrá que comprobarla y justificarla".
Y apostilla que "también se añaden sanciones por el no cumplimiento que oscilan entre 1.501 y 30.000 euros".
Cuando -plantea- "el desplazamiento de trabajadores por corta duración al Archipiélago, las cortas estancias por estudios, alquileres por rodajes en las islas o incluso los desplazamientos, especialmente de las islas menores a las capitalinas por motivos de salud, en ningún caso se pueden considerar ni justifican alquileres de por sí turísticos".
La conclusión de Ascav es que "estos cambios deberían ir otra vez al Consejo Consultivo de Canarias, ya que se está utilizando una Ley de Agilización de Licencias Urbanísticas para modificar sustancialmente el régimen de arrendamiento turístico de viviendas, que nada tiene que ver con el Proyecto de Ley que se tramita".