Apenas quince kilómetros de mar separan la costa sur de Lanzarote de los arenales del norte de Fuerteventura, donde el ayuntamiento de La Oliva acaba de introducir el gravamen que el Gobierno de Canarias rechaza aplicar en todo el archipiélago: una tasa sobre las estancias turísticas.
La Oliva aprobó una ordenanza fiscal que fija una tarifa de 56 céntimos por persona y noche en hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales de su término municipal. La iniciativa del consistorio norteño, donde residen enclaves de intensa afluencia como Corralejo o El Cotillo, vuelve a situar el debate sobre la presión vacacional en las islas orientales, justo donde la presencia de visitantes sobre la población local es más acusada.
Según los registros de Turismo de Canarias, Lanzarote y Fuerteventura registran la mayor intensidad turística relativa del archipiélago, con un promedio de 2,1 habitantes por cada visitante alojado. La proporción marca una distancia notable respecto a las islas capitalinas —con 5,7 residentes por turista en Tenerife y 7,3 en Gran Canaria— y se sitúa en las antípodas de realidades como la de La Palma, donde la ratio escala hasta los 21,2 empadronados por foráneo.
No resulta casual que los sondeos de opinión en Lanzarote sitúen a su sociedad como una de las más proclives a exigir una compensación directa por pernoctación, sobre todo si no afecta a los residentes.
La brecha entre el norte de Fuerteventura y la postura del Ejecutivo canario
El movimiento de La Oliva, articulado por el pacto de gobierno local entre Coalición Canaria y el PSOE con el apoyo de Nueva Canarias, colisiona con el criterio defendido desde Presidencia autonómica.
Pese a que el último congreso regional de Coalición Canaria recogió la posibilidad de diseñar un gravamen específico para la actividad —abriendo la puerta tanto al recargo en el IGIC como a fórmulas locales o insulares—, Fernando Clavijo ha reiterado en sede parlamentaria su negativa a habilitar tasas insulares o municipales.
En respuesta al portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, el presidente canario justificó su rechazo al sostener que permitir cobros por municipios o islas acentuaría la desigualdad económica entre territorios: las zonas con mayor afluencia percibirían fondos cuantiosos, mientras que las islas verdes quedarían descolgadas.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que, de requerirse una mayor recaudación del motor económico de las islas, la vía técnicamente uniforme y equilibrada pasaría por ajustar el IGIC, descartando por ahora cualquier figura tributaria por noche de hotel en favor de la ordenación de la vivienda vacacional y el control de accesos a parajes saturados, tal como ya aplican los cabildos de Tenerife y Lanzarote en sus centros de interés.
Seis millones dedicados a socorrismo, señalización, limpieza, vías y gestión de servicios
Pese a esa línea autonómica, La Oliva ha optado por acelerar. El área de Hacienda municipal calcula que la medida aportará alrededor de seis millones de euros anuales a las arcas locales, orientados a costear los sobreesfuerzos en socorrismo en playas, señalización, limpieza, mantenimiento de vías y gestión de servicios que la población flotante multiplica a lo largo del año. La ordenanza incluye exenciones para menores de tres años y para los vecinos empadronados en el municipio, delegando la recaudación en los titulares de los alojamientos.
El Partido Popular votó en contra tras apoyarse en un informe desfavorable de la propia Tesorería municipal, que advierte de que el consistorio carece de potestad para articular un tributo que grava la estancia y cuya fisonomía encaja más en la de un impuesto que en la de una tasa vinculada a un servicio específico y divisible.
A ello se suma la sombra del litigio de Mogán —el municipio grancanario pionero cuyo gravamen fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y cuyo desenlace aguarda resolución en el Tribunal Supremo— y la postura del grupo En Marcha, que optó por abstenerse al considerar indefinido el destino final del dinero.
En el plano empresarial, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) ha mostrado su rechazo categórico a la ordenanza y ha anunciado que presentará alegaciones y recurrirá a los tribunales si se vulnera la legalidad vigente. La patronal recalca que el sector debe contribuir al destino pero reclama solvencia técnica, señalando que "un impuesto no se convierte en tasa por cambiarle el nombre".
Desde el sector sugieren apostar por fórmulas similares a los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, centradas en el cobro por visitas reguladas a espacios e infraestructuras concretas en lugar de gravar el hospedaje.
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