La crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio continúa impactando con especial intensidad en Canarias y las medidas adoptadas hasta ahora no están siendo capaces de proteger adecuadamente a la población trabajadora frente al encarecimiento del coste de la vida.
Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por CCOO Canarias sobre el impacto de la crisis energética y la efectividad de las medidas de compensación impulsadas por las administraciones públicas.
Los datos recopilados por el Gabinete Técnico de CCOO reflejan que la pérdida de poder adquisitivo sigue agravándose. El salario medio bruto en Canarias se situó en 1.746 euros mensuales al cierre de 2025 y la pérdida acumulada de capacidad de compra respecto a 2019 alcanza ya el 2,21%. En sectores como la construcción, este deterioro supera el 10%.
El sindicato considera que las ayudas aprobadas por el Gobierno de Canarias a través del Decreto-ley 3/2026 han resultado "insuficientes" para contener la inflación y evitar que continúe deteriorándose el poder adquisitivo de los salarios en el archipiélago.
El estudio pone de manifiesto que Canarias afronta esta situación desde una posición de especial vulnerabilidad debido a su dependencia energética, la insularidad y el peso de actividades económicas especialmente expuestas al aumento de los costes, como el transporte, el turismo, el comercio, la agricultura, la ganadería y la pesca.
Asimismo, CCOO cuestiona uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico para justificar la necesidad de medidas específicas. El informe concluye que la mayor parte de las actuaciones incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado por el Gobierno de España tienen aplicación directa en Canarias, si bien algunas medidas fiscales requieren adaptaciones derivadas del Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago.
La organización sindical advierte de que las actuaciones impulsadas por el Gobierno autonómico presentan un alcance limitado y una vigencia demasiado reducida. Buena parte de estas medidas expiran el próximo 30 de junio y, según el análisis realizado, no existen evidencias que permitan afirmar que hayan tenido un efecto significativo en la contención de los precios que soportan los hogares canarios.
A ello se añade que la inflación interanual se situó en abril de 2026 en el 3%, por encima del incremento salarial medio pactado en convenio, provocando una nueva reducción de los ingresos reales de trabajadores y trabajadoras.
El informe destaca además que las mayores subidas de precios se concentran en bienes de primera necesidad, como la carne, las frutas y hortalizas, el pescado o el transporte personal, lo que afecta con mayor intensidad a las familias con menores ingresos.
CCOO Canarias también denuncia la "ausencia de mecanismos de seguimiento" y evaluación que permitan conocer si las rebajas fiscales y las ayudas públicas están repercutiendo realmente en los consumidores o si, por el contrario, una parte de estos beneficios está siendo absorbida por los márgenes empresariales.
La organización reclama igualmente una revisión de instrumentos como el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), cuya incidencia sobre la evolución de los precios continúa siendo objeto de debate.
Ante esta situación, CCOO Canarias insta al Gobierno autonómico a abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales para diseñar nuevas medidas adaptadas a la realidad económica y social de las islas. Entre las propuestas planteadas figuran ayudas directas para los hogares con menores rentas, la ampliación de las rebajas fiscales sobre productos esenciales y actuaciones específicas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
"La población canaria percibe cada vez con más intensidad que su salario alcanza para menos. La respuesta institucional debe ser más ambiciosa, más estable en el tiempo y estar sometida a mecanismos de evaluación y transparencia", concluye el informe.
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