Varias asociaciones ecologistas de la isla y más de medio centenar de personas a título personal han salido a criticar “la pretendida derogación de gran parte de la normativa, determinaciones urbanísticas y directrices indicativas del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote de 1991 por el pleno del Cabildo Insular”. Denuncian “la opacidad y falta de transparencia de la política territorial del actual grupo de Gobierno del Cabildo Insular”.
“De estos hechos, de gran trascendencia para la ordenación del territorio y para la preservación de la cultura de cuidado y protección del medio ambiente en Lanzarote, nos hemos enterado por la prensa”, lamentan en un comunicado conjunto.
Señalan que “el actual grupo de gobierno no ha generado el más mínimo debate ni campaña informativa sobre el alcance, la eficacia, la trascendencia o los objetivos de esta derogación del instrumento de planificación territorial de la isla”.
“No se ha sometido a debate ni a plazo de alegaciones e información pública una medida tan trascendente para la ordenación territorial de la isla como es la derogación de gran parte del articulado del Plan Insular de Ordenación de 1991”, añaden.
Desde las asociaciones recuerdan que sobre esta cuestión ya se ha pronunciado en fecha reciente la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La Sala consideró que “lo pretendido por el Pleno del Cabildo Insular de Lanzarote no es más que un acuerdo interpretativo que no tiene eficacia jurídica directa” en la esfera externa de los administrados destacando la irrelevancia jurídica fuera del ámbito interno de la administración.
La pretendida derogación "conlleva inseguridad jurídica de gravísimas consecuencias"
También se quejan que "tras casi cuatro años de legislatura no se ha tramitado un nuevo Plan ni se afronta una Modificación Sustancial Plena del mismo", “sino que se opta por una derogación sin efectos ni eficacia frente a terceros. Solo se pretende obviar la normativa del Plan Insular en los informes técnicos internos, sin que pueda tener efectos frente a terceros, lo que lleva inevitablemente a una inseguridad jurídica patente y a una previsible litigiosidad y conflictividad de gravísimas consecuencias”.
Denuncian que “la pretendida derogación excede con mucho lo dispuesto en la Ley del Suelo de 2017, pues no se limitan a dar por derogado las determinaciones urbanísticas contrarias a la Ley del Suelo de 2017, sino que derogan determinaciones ambientales, energéticas, directrices que afectan al transporte público, a la subvención de la agricultura, a la preservación del paisaje y a los espacios naturales con carácter de directriz indicativa.
Consideran que “la forma de abordar esta derogación, como se señala en las sentencias ya citadas, no debe ser mediante un mero acuerdo interpretativo, sino mediante el abordaje de la preceptiva Modificación Sustancial Plena del PIOL de 1991”.
También denuncian que las determinaciones y directrices que se pretenden derogar del PIOL de 1991 mediante acuerdo plenario, "no se someten al criterio de la legalidad establecida por la jurisprudencia sino a la torpe interpretación política efectuada por el equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, al derogarse directrices que afectan a suelos rústicos de protección y a actividades expresamente prohibidas por Plan Insular de 1991, como es la realización de rallys en los caminos rurales, caminos de tierra o caminos agrícolas".
Finalmente consideran que “esta política territorial liderada por el actual grupo de gobierno, no es respetuosa con las normas de transparencia, buen gobierno ni con una democracia madura y participativa”. "No tiene otra finalidad", prosiguen, que la de “autorizar o permitir actuaciones que chocan directamente con la cultura territorial de la isla, con la preservación del paisaje, con la condición de Reserva de la Biosfera de Lanzarote y con la Agenda 20-30, por lo que solicitamos que se desista de la aprobación por acuerdo plenario del Equipo de Gobierno, se proceda a la retirada inmediata de la propuesta y se afronte la necesaria y urgente Modificación Sustancial Plena del PIOL con todas las garantías jurídicas necesarias”.
Este comunicado ha sido firmado también por numerosas personas a título individual y por las siguientes organizaciones: Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC); Confederación General del Trabajo (CGT – Lanzarote); Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas Canarias (GOHNIC); Papacría; Pueblo Maho; Transparencia Urbanística; Viento del Noreste (Desert Watch) y WWF.
