La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) en Canarias, a través de su secretario general, Luis Fernando Rodríguez, ha solicitado tanto a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias como al presidente de la Fecam (Federación de Municipios de Canarias), una reunión con el fin de plantear y adoptar un acuerdo relativo a la imposibilidad de tramitar ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Este acuerdo imposibilitaría la tramitación de ERE en los ayuntamientos de Canarias, tanto extintivos como de suspensión, si no cumplen unos requisitos mínimos, que consistirán en la unanimidad del pleno de la corporación, la unanimidad en el acuerdo de la parte de la administración y de los sindicatos, un informe independiente de la situación económica, así como el acompañamiento de un plan social para que esa situación sea compensada posteriormente en el tiempo y respetando los derechos de los trabajadores.
Desde UGT justifican la solicitud de estos requisitos por la existencia de la posibilidad "de que algunos ayuntamientos estén estudiando poner en marcha inmediatamente esta injustificada medida en la administración pública, usando para ello las recientes experiencias en el Ayuntamiento de Gáldar, en Gran Canaria, y en el de Barlovento, en La Palma".
Desde la FSP-UGT Canarias aseguran en un comunicado que "no vamos a permitir en modo alguno que se use este instrumento para destruir empleo público en ningún ayuntamiento de Canarias".
Por último, la FSP-UGT Canarias entiende que "en realidad a quien habría que tramitarles ERE es a la nefasta gestión realizada por los propios políticos, que son los auténticos responsables de los desaguisados económicos que se producen en las corporaciones locales, por su incapacidad de gestionar con eficiencia los recursos públicos y de planificar de forma racional los presupuestos municipales".
ACN Press
