La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) mantuvo durante la mañana de este miércoles la primera reunión oficial con el nuevo consejero de Empleo del Cabildo de Lanzarote, Jorge Peñas.
En la reunión estuvo presente el presidente de la CEL, Francisco Martínez, la secretaria general, Beatriz Salazar, y el tesorero de la Entidad, Juan Pablo Cabrera. Durante esta primera toma de contacto se trataron "las principales líneas de colaboración entre instituciones", con el objetivo de “consolidar la recuperación económica y del empleo en la Isla”.
Martínez señaló, tras la reunión, la intención por parte de ambas administraciones “de seguir llevando a cabo proyectos conjuntos como el Plan de Empleabilidad o el Servicio de Asesoramiento Empresarial, que se han ejecutado de forma satisfactoria y al 100% en el curso 2020/2021 y gracias a los cuales se ha dado trabajo a decenas de personas en el último año”.
“Realizamos además un diagnóstico de la marcha de la economía insular, apuntando la ralentización de la recuperación económica por la incidencia de la Covid, pero con deseos de amplia mejora en el 2022”, señaló Martínez.
“Se ha hecho hincapié en la situación del desempleo de menores de 25 años, que en Lanzarote alcanza el 50%, mostrando nuestra preocupación por ello y considerando la necesidad de implementar políticas específicas para determinados colectivos con altos índices de paro, incidiendo especialmente en la formación profesional de estas personas”, detalló el presidente.
“Resaltamos la importancia de la digitalización de las pequeñas empresas de Lanzarote y La Graciosa, donde se aprecia un alto grado de falta de medios y formación, remarcando la necesidad de ejecutar proyectos dirigidos a la transformación digital de las pymes, complementando acciones provenientes de Europa para la transformación digital”, añadió Martínez.
Por último, el presidente trasladó la preocupación de la CEL “por el grado de ejecución de las inversiones públicas y la necesidad de ir implementando medidas para alcanzar un satisfactorio grado de ejecución de los fondos de recuperación procedentes de Europa, y que van a requerir un alto grado de implicación de las administraciones públicas y los distintos agentes sociales, en especial, el sector empresarial”.