El Gobierno de España y el Ejecutivo canario han llegado a un acuerdo sobre cómo aplicar el complemento que la comunidad concede a los perceptores de pensiones no contributivas sin que acabe perjudicando a los beneficiarios, en caso de que se superen los límites fijados por le Estado.
Según ha informado en un comunicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ese acuerdo da una solución pactada a las diferencias que las dos administraciones mantenían hasta ahora al respecto, sin necesidad de que el Tribunal Constitucional las dirima.
A través de la ley de presupuestos autonómicos de 2026, el Gobierno de Canarias se comprometió a abonar 400 euros en dos pagos (mayo y noviembre) a aquello ciudadanos residentes en las islas que estén percibiendo una pensión no contributiva.
Sin embargo, el Gobierno de España advirtió de que, en determinados supuestos, la suma de ese complemento con la pensión podría superar los límites de ingresos fijados para estos casos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que obligaría al beneficiario a renunciar a la totalidad del complemento.
El acuerdo de interpretación que comparten ahora las dos administraciones ofrece "seguridad jurídica, como propuso el Estado, a los beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias a la hora de percibir el importe máximo posible de la pensión complementaria activada por el Gobierno insular", añade el Ministerio de Política Territorial.
"Sin este acuerdo, podía suscitarse la cuestión de que no quedara garantizado que la recibieran si superaba, con la suma de ambas, el tope anual máximo recogido en los Presupuestos Generales del Estado", detalla.
El ministro Torres destaca que este acuerdo "es fruto del diálogo permanente y la voluntad del Gobierno de España de tender siempre la mano, y aporta una solución con garantías a miles de pensionistas".
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