El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 10 de noviembre a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un Real Decreto para crear el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Se trata de una figura permanente adscrita al ministerio cuya función principal será coordinar la atención a los afectados y sus familiares a medio y largo plazo, garantizando el seguimiento una vez desmontados los dispositivos de emergencia.
El nuevo comisionado contará con rango de subsecretario y tendrá capacidad para requerir información oficial, supervisar compromisos y coordinar a los diferentes organismos implicados.
La estructura de este órgano se articulará a través de una Oficina del Defensor con rango de Dirección General, de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas, además de un Gabinete Técnico de asesoramiento directo. El titular del organismo será designado por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular de Transportes.
En el plazo de tres meses desde su nombramiento, el Defensor deberá presentar una propuesta de reforma del marco normativo sobre atención a las víctimas elaborada junto a las asociaciones del sector, con el fin de revisar los protocolos de intervención y definir los cambios que requieran rango de ley.
El ámbito de actuación abarcará los siniestros en medios de transporte colectivo de competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasajeros y líneas regulares de guaguas. No obstante, su labor podrá extenderse a servicios autonómicos y locales mediante convenios de colaboración con las administraciones territoriales.
La normativa amplía la consideración jurídica de víctima no solo a quienes fallezcan, desaparezcan o sufran lesiones físicas, sino también a las personas con daños psicológicos, familiares, personas dependientes y allegados directamente afectados por el siniestro.
Entre las principales funciones encomendadas al Defensor figuran:
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Interlocución y coordinación: Ejercer como canal único de referencia ante las diferentes administraciones e impulsar protocolos homogéneos de actuación, con especial atención a personas vulnerables.
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Asesoramiento legal y asistencial: Facilitar orientación sobre reclamaciones patrimoniales, acceso a justicia gratuita, ayudas económicas y asistencia terapéutica continuada.
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Investigación técnica y transparencia: Cooperar con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT) respetando su independencia, y elaborar informes periódicos sobre la gestión de cada suceso.
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Tratamiento informativo: Redactar un código de buenas prácticas con asociaciones de medios de comunicación para el tratamiento de la información en este tipo de catástrofes.
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Participación asociativa: Integrar a las organizaciones de víctimas de forma permanente a través de un grupo de trabajo consultivo.
El decreto precisa que el Defensor no sustituirá a los órganos judiciales, a los equipos de investigación técnica ni a las competencias asumidas por comunidades autónomas y ayuntamientos en sanidad o servicios sociales, debiendo articular su intervención en estos casos a través de mecanismos de cooperación interadministrativa.
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