Un total de 15 viticultores de Lanzarote no ha cobrado aún las ayudas del PSOEI de la pasada campaña y del resto, la mayoría ha tenido problemas para acceder a estas subvenciones europeas. Así lo ha denunciado el Consejo Regulador del Vino de Lanzarote, que por segunda vez se ha dirigido a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, cuestionando el Registro Vitícola que se utiliza desde hace dos años para repartir estas ayudas.
En un escrito fechado el pasado 24 de marzo y firmado por la todavía presidenta del Consejo, Ascensión Robayna, critican que se trata de un "registro incompleto, sin actualizar, tanto por defecto como por exceso, y sin protocolo de actualización", de forma que existen zonas de Canarias donde contempla más hectáreas de las que actualmente están en uso, y otras donde no se recoge la realidad actual de todas las existentes. Y ello, influye directamente en el cobro de las ayudas, que se otorgan en función del número de hectáreas de viñedo en uso. "El registro es incompleto e inveraz y su utilización perjudica gravemente los intereses de los administrados", advierten desde Lanzarote.
Además, en ese escrito remitido al Ejecutivo regional, denuncian que "por insólito que parezca y pese a tratarse de un registro público, tiene carácter secreto". Y es que según aseguran, "no puede ser, no ya modificado, sino ni siquiera consultado directamente por los Consejos Reguladores", que son los encargados de tramitar las ayudas, y tampoco por los agricultores afectados.
"Para conocer la situación de una parcela en el Registro, el Consejo tiene que dirigir una instancia para ese fin", explican desde este órgano, que lamenta además que "si los datos no coinciden con los que tiene el Consejo, se obliga al interesado a elevar otra instancia" en un complejo procedimiento en el que además se le requiere "ingente documentación" para solicitar ese cambio.
Un cambio "con fines presupuestarios"
El método para establecer el reparto de estas ayudas se modificó en el ejercicio 2012. Hasta ese momento, según recuerdan desde Lanzarote, el cálculo de las ayudas se realizaba "con información de los viticultores y sus parcelas vitícolas, laboriosamente recabada por cada Consejo Regulador" y "debidamente contrastada" con el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), que es el "único registro gráfico, enlazado al Catastro, veraz y contrastable que existe en esta Comunidad Autónoma".
Sin embargo, desde 2012 se empezaron a cruzar los datos de los viticultores con el Registro Vitícola de Canarias. Este registro fue elaborado en el año 2000 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se lo entregó posteriormente a las comunidades autónomas para su gestión. Sin embargo, desde el Consejo de Lanzarote denuncian que no ha sido debidamente actualizado, por lo que hay islas donde figuran hectáreas de más, y otras donde no se contemplan todas las que realmente están en uso.
"Entendemos que la Consejería ha cambiado el sistema de control, desde el SIGPAC hacia el Registro Vitícola, con fines puramente presupuestarios, puesto que con éste se conceden casi un 15 por ciento menos de ayudas, esto es unas 200 hectáreas menos a recibir la ayuda, siendo los afectados, sólo en Lanzarote, unos 150 viticultores", advirtió ya en 2012 el Consejo Regulador del Vino de esta isla, en un escrito firmado por su entonces presidente, Javier Betancort.
Aunque en esa carta denunciaba que muchos viticultores habían sido "indebida y arbitrariamente privados de las ayudas que legalmente les corresponden", casi dos años después critican que no han obtenido respuesta y que sigue aplicándose el mismo método de reparto.
"¿Cómo es posible que figuren hectáreas inexistentes?"
Mientras en la isla detectan que ese registro reduce muchas superficies de cultivo de Lanzarote, desde el Consejo Regulador se preguntan, por otro lado, "¿cómo es posible que figuren en el Registro Vitícola hectáreas inexistentes, denunciadas por diversos tratadistas?" Al respecto, citan un libro editado en 2013 bajo el título "El paisaje del viñedo en las islas canarias", en el que se describen distintas irregularidades en los datos de ese registro.
"La diferencia más llamativa en el cómputo específico de los cultivos se da el caso del viñedo que se acerca a las 19.000 hectáreas", según los datos de la Consejería del Gobierno de Canarias, pero en realidad "apenas supera las 7.500 conforme al cálculo realizado por los técnicos del Mapa Cartográfico de Canarias", sostienen los autores de ese libro.
Al respecto, aclaran que "no es error de Consejería, sino sobrevaloración de la superficie del Registro Vitícola de Canarias". Y en la misma línea que denuncia el Consejo Regulador, agregan que ese registro se elaboró en el año 2000 pero no se ha actualizado. "Conserva en su estado actual numerosas parcelas que han dejado de cultivarse desde hace tiempo y otras que se cultivan solo parcialmente", "a pesar de lo cual no ha sido actualizado por la administración autonómica, probablemente con la finalidad de mantener la cuota territorial del viñedo, en el contexto nacional, y de preservar al sector la posibilidad de continuar recibiendo el mayor número de ayudas potenciales por parte de la Unión Europea", advierten.
Entre los casos que citan, apuntan el de Tacoronte-Acentejo, en Tenerife. Según el Registro Vitícola tiene 3.221 hectáreas de cultivo de vid, pero el propio Consejo Regulador de esa zona lo rebaja a 1.700 y el Mapa de Cultivo a 1.795.
Reclaman usar los datos de los Consejos hasta que se actualice el registro
Ante esta situación, desde Lanzarote reclaman que no se emplee el Registro Vitícola, cuyo "contenido real" aseguran que "desconocen", "para denegar subvenciones europeas a quienes sí cultivan la viña y con su documentación en regla y que cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa europea, mientras el registro no esté actualizado". Además, exigen que éste "sea público y accesible para cualquier ciudadano interesado", y que el Consejo y cualquier viticultor puedan "verificar on-line si la descripción de sus parcelas de viña están o no incluidas".
Del mismo modo, piden que "se establezca un procedimiento sencillo y seguro para realizar las rectificaciones en los casos en los que el Registro no recoge la realidad exacta de viticultores y parcelas vitícola", y que "se reglamente de modo objetivo y público la forma de computar las superficies, caminos y demás circunstancias de las parcelas".
Mientras tanto, proponen que la Consejería "dé por buenos y haga suyos los registros elaborados por los Consejos Reguladores en base al SIGPAC, mucho más completos y actualizados que el vitícola, sin perjuicio de someterlos a los lógicos controles y revisiones".
Y es que aseguran que esta situación está provocando "un grave retraso" en el cobro de de estas subvenciones e "incluso la paralización definitiva en algunos casos", con viticultores "que a día de hoy siguen sin cobrar la ayuda de la pasada campaña, pese a que la cobraron en el pasado y no han cambiado sus circunstancias".
