El informe habla de más de 3,7 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2001 que el Gobierno regional debe al Cabildo, por haberse apropiado de esa cantidad a base de "inflar" los gastos de gestión derivados de la recaudación de arbitrios e impuestos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y de no compensar a Lanzarote por los ingresos que hasta 2001 obtenía del arbitrio que cobraba a los productos importados y que desapareció por mandato de la Unión Europea.
A esos casi cuatro millones, según el informe de la FECAI, hay que añadir los 829.000 euros que recibiría Lanzarote en compensación por la mala aplicación del criterio poblacional en 2002, a la hora de repartir fondos del REF, cuyos criterios no se ajustaban al número de personas que realmente residían en Fuerteventura y Lanzarote, cuya población ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Luis Arráez ha anunciado que en la reunión que mantendrán el próximo viernes en Tenerife representantes del Gobierno de Canarias y de los 7 Cabildos, la Primera Institución de la isla va a exigir al Ejecutivo que "retire el recurso que ha interpuesto contra la sentencia del TSJC y que ejecute la sentencia, reconociendo en este caso la deuda que tiene contraída con el Cabildo de Lanzarote". El consejero asegura que antes del 15 de julio debería haber un acuerdo para que "el Gobierno pague la deuda que tiene contraída con todas las instituciones públicas, Cabildo y Ayuntamientos".
El responsable de Economía y Hacienda en la Corporación insular ha anunciado también que llevará las exigencias de retirada del recurso y cumplimiento de la sentencia a la próxima sesión plenaria del Cabildo, prevista para el próximo lunes, para que sean aprobadas por todos los grupos políticos con representación en el Pleno, como "acuerdo institucional" para según afirma Arráez "exigir que nos paguen lo que nos deben cuanto antes mejor".
