"Legalmente sabemos que no podemos hacer nada", reconoce Artemio Callero, presidente de la cooperativa Lanztransport. Y es que, el Gobierno de Canarias, gracias a un convenio firmado con el Estado, adjudicó la obra de saneamiento de Arrecife, tras un concurso público, a la compañía Bruesa, que ha subcontratado a su vez a la empresa Proyecto Integral Canario, de Las Palmas, para realizar una parte de los trabajos.
"En la isla hay maquinaria y trabajadores parados, y no lo entendemos", explica Callero. Según él, a la obra le quedan al menos 3 ó 4 años y lo lógico sería que "aunque venga una empresa de fuera, que contrate a los trabajadores y a las máquinas de aquí, teniendo en cuenta la crisis en la que nos encontramos".
Las instituciones no tienen constancia
El presidente afirma que se ha reunido con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, con el vicepresidente del Cabildo, con el consejero de Transportes del Cabildo y con el director de Aguas del Gobierno Canario. "Ellos me dijeron que no tenían constancia de que Bruesa hubiera subcontratado a una empresa ajena a la isla", ya que, según él, la obra se adjudicó a la compañía con la condición de que contratara a profesionales de la isla. "¿Por qué no se diseña una normativa para protegernos?", se pregunta Callero.
En la reunión que mantuvo con Mariano de León el pasado lunes, el director de Aguas le aseguró que había hablado con el director de Bruesa y que éste le había manifestado "no tener constancia de esta situación".
Según la última información que tiene el presidente de Lanztransport, responsables de Proyecto Integral, la empresa de Las Palmas, están intentando contratar a personal lanzaroteño. "Eso está bien, pero la maquinaria no es nuestra", añade el presidente. "¿Quién protege a las empresas conejeras? Porque si no hay empresarios tampoco hay asalariados", declara Callero.
