La presidenta de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, Duvi Rodríguez, ha pedido a la Administración Pública un incremento de su actividad en obras públicas para impulsar el sector de la construcción y paliar así los efectos de la crisis, ya que "la crisis de la construcción tiene graves efectos negativos sobre otros sectores", ha afirmado. Además, Rodríguez se ha referido a la necesidad de mejorar ciertas infraestucturas de la isla para incrementar la actividad del tejido comercial y turístico.
Acompañada del secretario general, Antonio Cruz, la presidenta de la Confederación afirmó que para el empresariado, 2008 ha sido para Lanzarote "un año perdido. Un tiempo valioso que, de no haber desperdiciado, nos debería haber permitido diseñar medidas que contribuyeran a amortiguar el efecto de la situación de crisis financiera que ha golpeando duramente a la economía insular en todos sus sectores".
Una de las soluciones propuestas por la asociación de empresarios para atajar los efectos de la recesión económica es la coordinación de políticos y directivos en el acometimiento de proyectos en la isla. La semana pasada tuvo lugar la primera reunión entre los empresarios y miembros del Cabildo con el objetivo de que las diferentes administraciones se coordinen y se facilite el trabajo de los inversores.
Por otro lado, Rodríguez ha mencionado algunos aspectos que frenan el crecimiento económico de la isla. Sobre este tema se ha referido al mal estado del puerto, "cuya situación es desalentadora con un recinto portuario en muy mal estado y una zona de descarga mal construida", a "la necesidad de adaptar algunas carreteras como la LZ1" y, en referencia al aeropuerto, ha señalado que"no se ha invertido en los últimos años" y ha confesado su esperanza de que "gobierno, ayuntamientos, empresarios y cabildo impulsen la propuesta para solventar las deficiencias".
Asimismo, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Lanzarote se ha mostrado más optimista con los resultados del sector turístico que, según ha dicho, "da empleo a más de 20.000 trabajadores en la isla y se trata de un sector de los que mejor reparte la riqueza". No obstante, ha criticado la excesiva burocratización de las administraciones locales en este campo y ha mencionado como obstáculo a su crecimiento "la inseguridad jurídica que ha generado la tramitación de los distintos planes, que ha ahuyentado a los inversores".
