El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta semana un decreto ley que recoge un conjunto de medidas fiscales, económicas y de apoyo directo a los sectores productivos con el objetivo de paliar los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio.
El paquete de actuaciones responde a la necesidad de adaptar al archipiélago las medidas estatales recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, y reforzar así el escudo socioeconómico en un territorio especialmente vulnerable por su condición de región ultraperiférica.
El conjunto de medidas tendrá, finalmente, un coste estimado de 29,8 millones de euros, que podría alcanzar los 60 millones de euros anuales en caso de prolongarse la crisis.
La aprobación del decreto ley se justifica por la evolución del conflicto y su impacto inmediato en los precios de la energía, los combustibles, el transporte y los bienes básicos, con especial incidencia en sectores estratégicos como el transporte, el turismo, el sector primario y la industria.
Medidas fiscales en energía, combustibles y productos básicos
El decreto ley establece la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña, con el objetivo de contener el incremento de precios y reducir el coste para familias y empresas. Esta medida tendría un coste estimado de 14,1 millones de euros anuales, y de 3,9 millones de euros para un periodo inicial de 100 días, que es el periodo que estableció el decreto ley estatal para su paquete de ayudas.
Asimismo, se incrementa hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, lo que supondrá un coste de 19,4 millones de euros anuales y de 5,3 millones en los citados 100 días.
Como medida de apoyo a las familias, el decreto incorpora nuevos productos a la cesta de bienes esenciales que tributan al 0% de IGIC. En concreto, se incluyen ahora la sal, la mantequilla y el café. Esta medida tendrá un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros anuales y de 900.000 euros en el periodo inicial de aplicación.
Apoyo a autónomos, sector industrial y primario
La norma permite elevar hasta 50.000 euros el límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, lo que permitirá reducir cargas fiscales y administrativas, la denominada exención de declaración del impuesto.
Esta medida está dirigida a personas físicas (autónomos) y tiene carácter voluntario, pudiendo optar por acogerse a este régimen quienes cumplan los requisitos establecidos. Asimismo, se establece un régimen transitorio para facilitar la incorporación a partir del 1 de julio de 2026. El coste estimado de esta medida asciende a 12,5 millones de euros para el año en curso.
El decreto ley prevé la habilitación de una partida extraordinaria para el desarrollo de actuaciones de apoyo al sector industrial canario y al primario, con el fin de compensar el incremento de costes energéticos y de producción. En este ámbito, se contempla una dotación adicional de 7,2 millones de euros.
