La Audiencia Nacional ha estimado un recurso interpuesto por FCC Construcciones S.A. y por su sociedad para la gestión integral del agua, Aqualia Infraestructuras S.A., contra el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que deberá abonar la cantidad de 28.216,68 euros por el retraso en el pago de certificaciones de obras en Lanzarote.
En concreto, se trata del proyecto y ejecución de obras de depuración de aguas y reutilización en Lanzarote, adjudicado en 1999; el contrato modificado del proyecto, suscrito en 2001, y un proyecto de obras complementarias, firmado en 2002. Como consecuencia de la ejecución de estas obras, se expidieron las certificaciones que fueron abonadas con retraso respecto al plazo legal establecido.
Tras elevar un escrito al Ministerio en octubre de 2010, que fue rechazado, ambas empresas presentaron un recurso contra la desestimación de la solicitud de reclamación de intereses de demora. El abogado del Estado contestó a esta demanda y pidió que se desestimaran las pretensiones de las empresas.
Sin embargo, la Audiencia Nacional, en sentencia de 25 de noviembre de 2013, ha dado la razón a FCC y a Aqualia. En este sentido, considera que "no consta la renuncia expresa e inequívoca respecto a los intereses moratorios", por lo que "nada impide la reclamación" de estas cantidades, en tanto "no se haya consumado el plazo de prescripción establecido al efecto".
La recepción de la obra tuvo lugar con fecha de 16 de julio de 2003 y la aprobación definitiva de la liquidación de la misma se produjo el 16 de diciembre de 2003, por lo que desde la fecha y hasta la primera reclamación en vía administrativa, que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2006, "no transcurrió el plazo de cuatro años", según la Audiencia Nacional.
De esta manera, estima el recurso de FCC y Servicios y Procesos Ambientales, actualmente Aqualia, y en consecuencia declara el "derecho" de los recurrentes al abono de la cantidad de 28.216,88 euros, más el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición del recurso contencioso-administrativo. Contra esta sentencia no cabe recurso.
