Pese a que la transacción carece de la autorización formal exigida por la legislación española, la empresa estatal marroquí Marsa Maroc ya computa la adquisición del 45% de Boluda Maritime Terminals (BTM) en sus balances.
La operación mercantil, pactada en diciembre de 2025 y valorada en unos 80 millones de euros fue congelada por el Gobierno de España, que ordenó el análisis de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), órgano colegiado en el que intervienen carteras ministeriales estratégicas, el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La compañía magrebí sin embargo incluyó la adquisición del 45% de BMT en su informe financiero semestral, incorporando de facto las terminales canarias y peninsulares a su red internacional para presumir de un despliegue de 35 terminales en 21 puertos comerciales.
Boluda gestiona un total de nueve enclaves logísticos estratégicos en el litoral español, entre los que destacan cinco concesiones administrativas clave en los puertos canarios de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma, además de otras cuatro instalaciones en la Península.
España activó el mecanismo de control reforzado sobre inversiones de capital extracomunitario en infraestructuras críticas para determinar si la penetración marroquí compromete los intereses soberanos, en un contexto diplomático sensible tras episodios como la crisis fronteriza de Ceuta o el espionaje del programa Pegasus.
La resolución sentará jurisprudencia sobre el blindaje de las concesiones portuarias españolas frente al capital foráneo y definirá el equilibrio de fuerzas geopolítico y comercial en el corredor atlántico que conecta Europa con África Occidental.
Por su parte, la prensa marroquí —a través de cabeceras como H24Info, Barlamane o Silicon Valley Maroc— ha calificado las dudas de Madrid de "motivos absurdos" dirigidos a obstaculizar la proyección económica del reino alauí.
Frente a la controversia suscitada, Boluda Corporación Marítima defendió públicamente el acuerdo asegurando que la naviera española seguirá "liderando la gestión del negocio, asegurando la continuidad y estabilidad de las operaciones así como la toma de decisiones".
En su comunicación oficial corporativa, el grupo presidido por Vicente Boluda sostuvo que Marsa Maroc "aportará su experiencia para impulsar nuevas oportunidades comerciales" en el corredor marítimo entre España y Marruecos, catalogando la alianza como "un significativo paso hacia adelante en su proceso de expansión" en ambas orillas del Estrecho.
Sin embargo, las reticencias institucionales han estallado con especial intensidad en el Archipiélago. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha liderado las críticas ante el riesgo de que la empresa estatal del país vecino acceda a los órganos de decisión portuarios. "¿Se nos ha ido el baifo, acaso? No puede ser que la empresa pública marroquí Marsa Maroc —nuestra competidora directa más importante— compre el 45% de Boluda y se siente de esta manera en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas o de Tenerife", advirtió el dirigente insular a través de su blog.
La inquietud canaria se intensifica por el desarrollo del megapuerto de Dajla, proyectado en la costa del Sáhara Occidental a solo 420 kilómetros de Gran Canaria con una inversión estimada en 910 millones de euros y apertura prevista en 2029.
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