El primer juicio del caso Unión, por los pagos presuntamente fraudulentos de Arrecife e Inalsa al ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, ha quedado este viernes visto para sentencia. En la última jornada, celebrada en Gran Canaria, han expuesto sus conclusiones los últimos abogados de la defensa y han intervenido los acusados, que han hecho uso de su derecho al último turno de palabra.
"Miente y sabe que miente", ha señalado Dimas Martín en referencia a otro de los acusados, el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, según recoge la agencia EFE. Rodríguez, que ha reconocido los hechos que se le imputan y ha mostrado su arrepentimiento durante el juicio, es una de las piezas fundamentales de la acusación, aunque no es la única.
Durante la exposición de las conclusiones de la Fiscalía, que tuvo lugar la pasada semana, el fiscal Javier Ródenas afirmó que hay una "prueba masiva" para la condena de los seis acusados, entre los que además de Dimas, Rodríguez y Batllori se encuentran la ex concejal de Recursos Humanos de Arrecife, Luisa Blanco; la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra; y el ex gerente de la empresa de aguas, Rafael Elorrieta.
"Parece que mi mayor error ha sido enamorarme de la persona equivocada", ha señalado por su parte Elorrieta, según Efe. El ex gerente, que está casado con una de las hijas de Dimas, ha centrado su defesa durante el juicio en subrayar que su relación con Elena Martín fue posterior a su contratación en Inalsa. En cualquier caso, lo que se juzga es su participación al autorizar pagos a Batllori, por trabajos presuntamente no realizados, desde la empresa pública de aguas.
El "patrimonio personal" de Dimas
Además de cargar contra José Miguel Rodríguez, Dimas Martín también se ha referido al Ministerio Fiscal y al comandante de la UCO de la Guardia Civil cuando se inició el acaso Unión, afirmando que ni uno ni otro van a "destruir" su "patrimonio personal", que según él es su "conciencia". Siempre según Efe, Dimas ha llegado a asegurar que en su casa "no hay ni el valor de una bombilla" que se haya pagado con dinero público.
Además, ha vuelto a negar que él ordenara realizar pagos a Batllori desde Inalsa o desde el Ayuntamiento de Arrecife, y también ha negado que lo que se estuviera pagando realmente fueran gestiones privadas para él, como sostiene la Fiscalía.
Sin embargo, tanto las cartas interceptadas por la UCO en la celda de Dimas como las conversaciones grabadas durante la investigación muestran cómo el líder del PIL daba instrucciones sobre los pagos que debían realizarse a Batllori. "Mira a ver lo de Batllori. Sácamelo hoy, porque si no le pego dos tiros o me los pega él a mí", le decía Dimas al entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, en una de esas conversaciones.
Aunque tanto el líder histórico del PIL como Rodríguez Batllori afirmaron durante las primeras jornadas del juicio que "no reconocían" su voz en esas conversaciones, quien sí reconoció la suya fue el propio José Miguel Rodríguez. El ex concejal de Hacienda de Arrecife ha confesado durante el juicio haber autorizado pagos a Batllori por servicios que le constaba que no había prestado, cumpliendo instrucciones de Dimas Martín.
"Más documentación en la celda que en Inalsa y Arrecife"
El juicio ha terminado este viernes con las conclusiones finales de varios abogados, que quedaron pendientes la pasada semana. En aquella jornada, quienes elevaron sus conclusiones fueron los letrados de Dimas y Batllori, así como la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Arrecife, y el Ministerio Fiscal. Y en sus conclusiones, entre otras cosas, Javier Ródenas insistió en que Dimas era quien mandaba "desde la sombra", aunque en ese momento estaba cumpliendo condena, y subrayó que en el registro de su celda se encontró "más documentación que en Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife".
Además, el fiscal mantuvo su solicitud de ocho años de cárcel para Batllori, seis para Dimas Martín, cinco para Luisa Blanco, Plácida Guerra y Rafael Elorrieta y un año para José Miguel Rodríguez, al considerar como atenuante su confesión, su colaboración con la investigación y que ha devuelto el dinero que reconoce que contribuyó a malversar.
Por su parte, tanto las defensas que han intervenido este viernes como las que intervinieron la pasada semana, a excepción de la de Rodríguez, han pedido la libre absolución y han vuelto a reclamar la nulidad del juicio, porque insisten en que hay supuestas irregularidades en las pruebas.
