La decisión del Gobierno central de eliminar la obligatoriedad en el pago de las cuotas de las Cámaras de Comercio ya empieza a contar con voces muy críticas. De momento, tanto el PP como CIU y el PNV han cuestionado esta medida, que según el ente cameral de Lanzarote, "se ha tomado a espaldas de las propias Cámaras de Comercio y de las Comunidades Autónomas".
En este sentido, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Canarias se reunirán la próxima semana con sus Comités Ejecutivos para analizar "las graves consecuencias" que se derivan de la supresión del Recurso Cameral Permanente, contemplado en el Real Decreto aprobado este martes en el Congreso de los Diputados. Además, solicitarán una reunión urgente con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, así como con el resto de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para abordar el futuro de estas instituciones.
El portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro, ya ha dado su apoyo a las Cámaras y ha cuestionado esta medida del Gobierno de Zapatero. En este sentido, ha destacado la importancia que tienen como institución "al servicio de las empresas y el papel que juegan en la redistribución de los recursos a favor de las pymes y los autónomos".
Montoro ha calificado de "arbitraria" y "muy precipitada" esta medida que, según ha dicho, "no contribuye a la recuperación económica". "El servicio que prestan las Cámaras a la economía real de nuestro país y a la pequeña y mediana empresa deberíamos preservarlo y no ponerlo en cuestión, en juego, por medidas muy precipitadas que deberían abordarse serenamente", ha señalado.
Montoro ha recalcado que la modernización de instituciones como las Cámaras de Comercio "no debe hacerse de esa forma precipitada y desordenada, como está abordando el Gobierno socialista". A juicio del portavoz del Partido Popular, estas medidas "no están sirviendo" para recuperar la confianza en España en los mercados.
Asimismo, el portavoz de Economía del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha denunciado que el Gobierno no puede seguir así, "de improvisación en improvisación", porque "ya está bien de sacar conejos de la chistera, con procedimientos arbitrarios como la extinción de las tasas de las Cámaras de Comercio sin consultar con el sector".
A la crítica de Cristóbal Montoro se han sumado también otros representantes políticos que han coincido en resaltar "la falta absoluta de consenso y el escaso impacto que tendrá la supresión de la cuota en la reactivación económica del país". "Una medida drástica, tomada de la noche a la mañana, y que pone en peligro la supervivencia de las Cámaras de Comercio, unas instituciones con más de 125 años de existencia", han cuestionado desde el ente cameral en Lanzarote.
Defensa de las Cámaras
Este decreto en el que se suprime el recurso cameral permanente lo aprobó el Gobierno de España el pasado día 3 de diciembre y este miércoles fue convalidado en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de Coalición Canaria y PNV. El PP y CIU confirmaron su abstención mientras ERC, IU-ICV, BNG y UPyD expresaron su rechazo a la aprobación de este decreto.
Concretamente, en lo que se refiere a la supresión del recurso cameral permanente, el portavoz de CIU, José Sánchez Llibre, defendió este miércoles en el Congreso de los Diputados la historia y labor de las Cámaras de Comercio y avanzó que su partido tratará de negociar con el PSOE, en el marco de la Ley de Economía Sostenible, ampliar un año más el plazo de adaptación que el decreto les concede para adaptarse a la supresión de las cuotas obligatorias que les abonaban las empresas, que ahora serán voluntarias.
Por su parte el PNV, aunque votó a favor de las medidas recogidas en el Decreto Ley, calificó de discutible la medida de supresión de la cuota cameral, ya que obligará a "reinventarse" a estas entidades. En este sentido, los nacionalistas vascos criticaron la falta de diálogo con las Cámaras de Comercio ante una medida tan contundente. El PNV también propondrá una iniciativa para elevar el plazo de dos años que el decreto da a las Cámaras para adaptarse a los cambios legales.
