ACN
El Gobierno central ha dado luz verde "con condiciones" a la OPA de Gas Natural a Endesa, y no ha hecho pública, en la especificación de condiciones que ha dado a conocer el Gobierno y ha publicado en su página web, ninguna condición sobre la situación en que quedará el Archipiélago canario, Baleares, Ceuta y Melilla, los llamados 'sistemas extrapeninsulares'.
Según explicó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno no se opone a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural sobre la compañía eléctrica Endesa, pero ha impuesto veinte condiciones para que se pueda producir la compra. El anuncio del Gobierno ha provocado la respuesta inmediata de Endesa, la compañía matriz de la canaria Unelco, que ha anunciado que recurrirá de inmediato la decisión ante el Tribunal Supremo.
Desde Canarias se estaba esperando la resolución del Gobierno central, en el sentido de si ésta podría conllevar alguna alusión directa a la necesidad de liberalizar el mercado de la generación eléctrica. Fuentes del Gobierno de Canarias explicaron incluso que el Ejecutivo regional trasladó a Madrid su petición de que hubiese alguna mención favorable a la liberalización del sector en las Islas en este asunto. El Gobierno está en estos momentos estudiando la decisión del Ejecutivo para hacer pública una valoración de la misma.
Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo ha sido especialmente más sensible al asunto, y ha hablado a favor de la liberalización, después de los incidentes de la tormenta 'Delta' y el apagón que dejó hasta cinco días sin luz a la isla de Tenerife, que conllevó un aluvión de críticas a Unelco, la compañía que ostenta el monopolio de la generación en Canarias. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad en los medios de comunicación de que, como resultado de esta operación, una compañía como Iberdrola pudiese estar interesada en quedarse con las centrales de Unelco en la provincia tinerfeña.
Entre las condiciones que se imponen a Gas Natural, de las que se refieren a la generación eléctria, el Gobierno obliga a la compañía adquiriente, a vender centrales de generación eléctrica de tecnología retirable "en la España peninsular" equivalente a 4.300 MW con un periodo de vida útil restante de, al menos, diez años, incluyendo 400 MW en Cataluña y otros 400 MW en Andalucía. En particular, el Gobierno impone que Gas Natural deberá enajenar centrales de ciclo combinado o hidráulica modulable con una capacidad equivalente a 1.200 megawatios.
El Gobierno argumenta su decisión en que con las condiciones impuestas "no se obstaculizará el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados analizados", y deja claro que "se ha buscado el adecuado equilibrio entre la libre toma de decisiones empresariales y la protección de la competencia efectiva en los mercados y de los intereses de los consumidores".
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que la nueva empresa "reforzará el papel económico de España y mejorará la independencia energética de la economía española". La compañía resultante estará "entre las mayores de Europa", dijo. A su lado, el vicepresidente económico del Gobierno central, Pedro Solbes, afirmó que "se puede garantizar que la OPA va a dar lugar a mayor competencia porque con las desinversiones exigidas se podrá dar entrada a un nuevo operador eléctrico".
