El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que en Canarias ha habido un total de 544 demandas de concurso de acreedores durante el primer trimestre de 2023, un 151,9% más que en el mismo periodo de 2022.
El concurso de acreedores es un procedimiento jurídico destinado a solventar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de un negocio para que, por una parte, que los acreedores puedan cobrar y por otra, se propongan soluciones para conseguir la continuidad del negocio y evitar la quiebra.
El informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España fue del 75,4%. En el caso de la Comunidad de Murcia fue del 214,9 %.
Los datos apuntan a que, entre enero y marzo del presente año, Canarias fue la segunda comunidad en volumen de concursos por cada 100.000 habitantes: 24,6, cifra sólo superada por Cataluña (29,6). La tercera fue la Comunidad de Murcia (23,1).
El segmento donde más estragos causó la crisis económica en el pasado invierno en las islas fue el de las “personas naturales no empresarias”.
Si entre enero y marzo de 2022 en este ámbito se habían registrado 81 presentaciones de declaración de concurso, en el mismo periodo de este año la cifra se elevó a 493, un 608%.
Esto implica una tasa de 22,3 concursos de esta índole por cada 100.000 habitantes, la más alta de España, por delante de Murcia (19,7) y de Cataluña (19,1).
En cuanto a los procedimientos por despido, los juzgados de lo Social de Canarias incoaron en el primer trimestre de 2023 un total de 2.532, un 21,8% más que en el mismo periodo de 2022 (2.078).
La tasa de demandas por despido en Canarias es la más alta de España
Este dato implica que, como ya sucediera en el análisis sobre todo el año 2022, la tasa de demandas por despido por cada 100.000 habitantes en las islas fue de 114,4, la más alta del país, por delante de Murcia (88,0) y de Madrid (83,8).
Los únicos datos que arrojan balances relativamente positivos para las islas gravitan en torno a las ejecuciones hipotecarias, que en datos generales se redujeron un 74,5%, pasando de 149 en el primer trimestre de 2022 a 38 en el pasado invierno.
En lo que se refiere a lanzamientos derivados de esas ejecuciones, entre enero y marzo de este año hubo 366, un 45,9% menos que en el mismo periodo de 2022.
A nivel nacional, el informe del CGPJ advierte de que el primer trimestre del año se ha visto afectado por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fueron los que más disminuyeron respecto al primer trimestre de 2022, al reducirse en un 52,5%; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos bajaron un 36,3% y los derivados de otras causas lo hicieron en un 40,6%.
