Desde el pasado sábado 1 de agosto las autoridades italianas han comenzado a realizar inspecciones aleatorias en aeropuertos y puertos a los pasajeros que viajan desde España.
La medida, tomada por el Ejecutivo de Giorgia Meloni tras suspender temporalmente el tratado Schengen a raíz de la grave crisis migratoria vivida en Ceuta, busca proteger la "seguridad nacional".
Las comprobaciones están generando retrasos y tiempos de espera más largos tras el aterrizaje. EL operativo se está desplegando de dos formas.
Por un lado, agentes de la policía italiana están solicitando el pasaporte o DNI a la salida del avión a todo tipo de viajeros, tanto comunitarios como no comunitarios, para verificar su nacionalidad.
Según confirmó la agencia EFE, también se llevan a cabo verificaciones selectivas de documentación en el área pública donde se aguarda a los pasajeros tras la recogida de equipajes.
Según el Gobierno italiano se trata de una medida centrada en viajeros de terceros países para confirmar que cuentan con la documentación exigida dentro del espacio Schengen. Solo si se detectan irregularidades o sospechas se procede a un control más exhaustivo.
Se prevé que esta suspensión temporal del espacio de libre circulación se mantenga durante todo el mes de agosto, coincidiendo con la temporada alta del turismo estival. Para calmar a la industria, la primera ministra Meloni aseguró que velarán por que las inspecciones no perjudiquen el flujo de turistas.
Dos peticiones de reunión en Europa con enfoques contrapuestos
La crisis de Ceuta ha llevado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la primera ministra de Italia a a exigir una cumbre a nivel europeo, aunque lo hacen desde posturas y análisis radicalmente opuestos.
Por un lado, Giorgia Meloni ha liderado una carta formal —impulsada junto a la mandataria danesa Mette Frederiksen y respaldada por otros 22 países— dirigida a la cúpula comunitaria para convocar de urgencia a los ministros de Interior.
La argumentación de la primera ministra italiana se centra en la seguridad nacional y la contención: sostiene que el blindaje de las fronteras exteriores de la UE es una responsabilidad compartida que requiere reforzar de inmediato las medidas policiales y el control frente a la inmigración irregular.
Por otro lado, el presidente español, Pedro Sánchez, ha reclamado una cumbre extraordinaria centrada en la solidaridad y la responsabilidad compartida. Su argumentación no pone el foco en el cierre fronterizo, sino en la necesidad de articular una respuesta humanitaria coordinada a nivel comunitario.
Sánchez exige a los socios europeos apoyo financiero y logístico, la activación de mecanismos de reparto de migrantes entre los Estados miembros y un incremento sustancial en los acuerdos de cooperación en origen con Marruecos para gestionar los flujos de raíz.
Esta escalada de tensión política y fronteriza se produce después de los trágicos acontecimientos vividos en Ceuta el pasado jueves, donde se registró una entrada masiva sin precedentes de más de 60.000 personas que se saldó con al menos 67 fallecidos. En estos momentos, la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma española ha recuperado la normalidad.
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