Por ACN
El secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras (CC OO) Canarias , Juan Jesús Arteaga, explicó este lunes en rueda de Prensa que el sindicato aún no ha decidido si finalmente impugnará los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2006, ya que ello depende de si el Gobierno regional emprende una negociación "de buena fe" con los representantes de los trabajadores antes de que el Parlamento autonómico los apruebe definitivamente.
Según explicó, el Ejecutivo está obligado legalmente a tener en cuenta el pronunciamiento y aportaciones de los sindicatos en lo relativo a las políticas que afectan a los empleados públicos (recogido en el Capítulo 1 de la Ley), un paso que en esta ocasión no se ha dado, lo que serviría de apoyo a su solicitud de impugnación que, de ser aceptada judicialmente, dejaría "en suspenso" lo aprobado al respecto y vigente lo contemplado en el Presupuesto de 2005. A esto se añade el hecho de que el Gobierno "sólo nos ha dado información verbal" acerca de las cuentas, en la reunión del Comité Asesor previa a la entrega del Proyecto de Ley al Parlamento, lo que ha motivado que el estudio del mismo lo hayan emprendido a partir de lo publicado en la página web oficial del Ejecutivo, aseguró Arteaga.
En la propuesta que CC OO quiere hacer al Gobierno, en el marco de una negociación que aún no saben si se dará, se incluyen medidas que tienen que ver con las mejoras sociales del colectivo de trabajadores públicos, así como un acuerdo para solucionar el conflicto abierto con los empleados laborales, que piden la homogeneización salarial con los funcionarios y pasar a este régimen, frente a su actual temporalidad. Arteaga explicó que ha habido contactos entre representantes del sindicato y del Gobierno para que la negociación que demandan se dé, de lo que dependerá que haya impugnación, independientemente de los resultados de dicho diálogo. Sí resaltó que, pese a la subida salarial prevista para el sector -del 2%- los empleados públicos canarios están 16 puntos por debajo de la media nacional y que los gastos de personal son el capítulo que menos crece en el Presupuesto. Igualmente, criticó que el Ejecutivo demande del sector privado un esfuerzo para aumentar la fijeza del empleo, mientras que las cotas de temporalidad en la propia Administración alcanzan el 28 por ciento.
TARIFA TERRITORIALIZADA DEL IRPF
Por otro lado, la principal preocupación del sindicato es que la previsión de incrementar en un 16% los ingresos de los que dispondrá la Comunidad Autónoma se basa en la recaudación de impuestos indirectos, que conforman una cuarta parte del total. CC OO considera que estas imposiciones, que gravan los artículos de consumo, son "injustas desde el punto de vista de la equidad social", ya que no tienen en cuenta el nivel de renta de cada ciudadano.
Para tratar de compensar este hecho, el sindicato propone al Gobierno que, en virtud de su potestad legislativa, establezca una tarifa territorializada del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyos porcentajes no concretaron, de tal forma que se hagan más progresivos los tramos de retención en una comunidad autónoma "que está en el segundo puesto a nivel nacional en cuanto a concentración de rentas". José Miguel González, director del Gabinete Técnico de CC OO explicó que esta medida estaría justificada por el hecho de que los salarios canarios están por debajo de la media nacional y porque, porcentualmente, el sistema actual desgrava más a las rentas más altas, restando "disponibilidad a los menos favorecidos".
Resumieron su valoración sobre las cuentas en una reclamación de un "giro en la política económica y social del Gobierno", que incluya acciones a corto y medio plazo para abordar la problemática, para lo cual creen que el presupuesto previsto "se queda a medias", pese a reconocer su carácter expansivo y su pretensión de dinamizar la economía. Así, piden la vinculación de los presupuestos a un plan de dinamización de la economía canaria, con horizonte hasta 2010, que interrelacione las políticas de empleo y de ordenación del territorio, que "deben replantearse desde el punto de vista del respeto al medio ambiente y la sostenibilidad".
En este sentido, expresaron sus dudas acerca de la capacidad del Gobierno de llevar a cabo las inversiones que ha previsto en desarrollo tecnológico -cuyo incremento apoyan-, propusieron su versión -que perfilarán en los próximos días- de un pacto por la sanidad, pidieron una ley canaria contra el fracaso escolar, consideraron insuficiente la partida para desarrollar la Ley de Rentas Mínimas y denunciaron que se ha incumplido el acuerdo sobre la financiación mínima del plan de lucha contra la siniestralidad laboral, que se pactó dentro de los acuerdos de Concertación Social. Por ello, piden también el cumplimiento y renovación de dicho marco social, para lo cual tampoco se han desarrollado "las prometidas reuniones previstas para el pasado mes de noviembre"
Además, resaltaron el escaso peso de las políticas de fomento del empleo, que, por su carácter anticipatorio, reducirían las necesidades presupuestarias en materia social. Denunciaron, en esta materia, la falta de desarrollo del Plan Estratégico de Empleo de Canarias y sus directrices, así como de los objetivos de los Planes Prometeo y de los de formación, que tienen "un nivel de ejecución muy bajo".
