El borrador de la nueva Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN) contempla una serie de medidas de calado para frenar el encarecimiento del transporte aéreo entre el archipiélago y la Península.
El documento pone el foco en el comportamiento de las tarifas aéreas y plantea mecanismos de supervisión directos sobre las dinámicas de fijación de precios de las compañías.
Entre las principales propuestas destaca la fórmula para auditar los algoritmos que utilizan las aerolíneas para ajustar sus precios en tiempo real. La administración autonómica busca garantizar una mayor transparencia y vigilar la evolución del precio base de los billetes antes de que se aplique el descuento del 75% para residentes, evitando así que el subsidio público termine absorbiéndose por incrementos injustificados en las tarifas.
Asimismo, la estrategia abre la puerta a impulsar la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) en periodos críticos de alta demanda, como las vacaciones de verano o las fechas navideñas. Esta figura legal permitiría fijar un techo tarifario temporal en las rutas con la Península para proteger a los pasajeros ante las subidas excesivas de precios que se registran habitualmente en esas fechas.
El borrador justifica estas intervenciones en la insularidad y en la extrema dependencia de las Islas Canarias del transporte aéreo, argumentando que la conectividad con el resto del territorio nacional es un servicio esencial para la cohesión territorial y social de los residentes.
En este sentido, la EMSICAN señala que la bonificación estatal del 75% no debe convertirse en un incentivo indirecto para el encarecimiento desmedido de los trayectos, por lo que resulta imprescindible supervisar de cerca las tarifas de salida del mercado.
Con estas iniciativas, el Ejecutivo regional pretende sentar las bases de una regulación más estricta que prevenga situaciones de abuso o indefensión de los usuarios en los momentos del año de mayor flujo de viajes.
De salir adelante en sus términos actuales, el marco estratégico elevará las exigencias normativas al Ministerio de Transportes y a los organismos de competencia para fiscalizar con mayor rigurosidad las prácticas comerciales de las aerolíneas que operan en las islas.
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