Alternativa Ciudadana 25 de Mayo impugnó el acuerdo adoptado por el Pleno de San Bartolomé celebrado el pasado 26 de septiembre, en el que se reconoció una deuda de 983.146,50 euros a la empresa Gesplan por concepto de honorarios relativos a los proyectos de reparcelación, levantamiento topográfico y sus correspondientes estudios de seguridad, salud e higiene, además de los preceptivos estudios de evaluación detallada de impacto Ecológico de las Unidades de Actuación números 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 12 de Suelo Urbano no Consolidado por la Urbanización situada en la Zona Industrial de Playa Honda.
El concejal José Antonio González expone al alcalde Miguel Martín que durante el debate del punto en cuestión, y al detectar la ausencia del preceptivo informe de Intervención que fiscalizase la adopción del mencionado reconocimiento de deuda, solicitó al Pleno que el asunto quedase sobre la mesa, siendo esta petición votada en contra por los miembros del grupo de gobierno, aprobando posteriormente estos mismos concejales el convenio objeto de esta impugnación, apoyando la opinión expresada en el Pleno por el Concejal de Hacienda, Javier Betancor, de que el convenio contempla que las cantidades a pagar a GESPLAN se irán abonando "conforme se vayan ejecutando los proyectos de urbanización y los propietarios (de las Unidades de Actuación) vayan haciendo frente a las cuotas de urbanización definidas en las cuentas de liquidación obrantes en los proyectos de reparcelación".
González advierte de que el reconocimiento de esta deuda debería conllevar su inclusión en el capítulo de Gastos de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, lo cual implica que necesariamente deberá tener su correspondiente contrapartida presupuestaria en el capítulo de Ingresos, para dar así cumplimiento al principio de estabilidad presupuestaria, "no habiendo quedado fehacientemente acreditada en la documentación aportada ninguna de estas dos cosas", destaca.
Por tanto, el concejal de la oposición estima que el grupo de gobierno del Ayuntamiento ha vulnerado lo preceptuado por Ley en lo referente al objeto de la función interventora. Asimismo, piensa que los que ostentan el poder no han valorado las repercusiones y efectos de esta actuación que afecta a los gastos públicos, ni se ha supeditado de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias.
En definitiva, el concejal de AC - 25M asegura que el acuerdo adoptado por el Pleno es nulo de pleno derecho por tratarse de un acto administrativo por el que se adquiere un compromiso de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos y porque la función interventora no ha verificado previamente el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción de este acuerdo que reconoce derechos de contenido económico. González pide expresamente la suspensión de la ejecución del mencionado acuerdo plenario al amparo de lo establecido en el artículo 111.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
