Un total de 28 bebés recién nacidos fueron entregados en guarda en agosto pasado en Canarias tras renunciar sus madres a su cuidado en el momento del nacimiento, una cifra que "nunca se había dado", según ha informado este lunes la directora general autonómica de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.
Rodríguez ha explicado ante la Comisión de Estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias que se trata de una situación que ha llamado especialmente la atención de la Dirección General, si bien ha señalado que ninguno tuvo que ingresar en un recurso de acogimiento residencial, ya que se pudo recurrir al banco de familias de acogida para todos los bebés.
Ha indicado además que algunas de las madres proceden del propio sistema de protección o presentan problemas de salud mental, una circunstancia que, ha dicho, lleva a revisar qué actuaciones se han realizado hasta ahora y qué debe corregirse para evitar que estas situaciones se reproduzcan.
La directora general ha señalado que el refuerzo del acogimiento familiar es una de las líneas prioritarias de la política de protección a la infancia y al respecto ha señalado que Canarias cuenta con 1.761 menores en situación de desamparo, de los que 995 están en acogimiento familiar, el 56,5 % del total.
El objetivo es elevar este porcentaje hasta el 70 %, aunque Rodríguez ha insistido en que la medida de protección debe decidirse atendiendo al interés superior de cada menor y su situación individual, por lo que el acogimiento residencial sigue siendo necesario en determinadas circunstancias.
En este sentido, ha explicado que se ha recuperado el control del banco de familias de acogida en familia ajena y se ha creado un banco de familias de urgencia, con el objetivo de evitar que los recién nacidos tengan que entrar en recursos residenciales, salvo situaciones excepcionales.
Rodríguez ha señalado que ampliar el acogimiento familiar requiere no solo captar familias, sino también ofrecerles acompañamiento, formación y apoyo económico.
La directora general ha explicado que en 2025 unos 39.230 menores recibieron atención por situaciones de riesgo en Canarias, de los que 10.500 fueron atendidos por el sistema de protección.
Ha defendido que la pobreza infantil está directamente relacionada con la vulnerabilidad de los hogares y ha reclamado un abordaje transversal que implique políticas de empleo, vivienda, educación, sanidad y renta, además de las actuaciones específicas de protección a la infancia.
Una red para atención a la salud mental y las addiciones
La directora general ha defendido además la creación de una red específica de atención a la salud mental y las adicciones infantojuveniles ante el impacto que estas patologías están teniendo en el sistema de protección de menores y ha advertido de que algunas familias llegan a renunciar a la guarda de sus hijos por falta de recursos para atenderlos.
Sandra Rodríguez insistió en que es necesario crear plazas suficientes para tratar a menores con problemas de salud mental porque están afectando a la red de acogimiento y de atención a los menores en desprotección, al igual que se necesitan plazas suficientes para ser atendidos una vez que sean adultos.
La directora general ha asegurado que hay familias que "no pueden más", que una plaza privada de salud mental en la Península puede alcanzar los 6.000 euros mensuales y que su departamento está asumiendo el coste de algunas de estas plazas.
Rodríguez ha informado además de que la Dirección General aporta anualmente siete millones de euros a los ayuntamientos para los equipos de atención a la infancia y las familias y estudia fórmulas jurídicas para que esta financiación pueda tener carácter plurianual.
En cuanto a la transición a la vida adulta, ha anunciado la puesta en marcha este año de 200 nuevas plazas para atender a los jóvenes, que se suman a las existentes mediante entidades colaboradoras y cabildos.
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