UGT solicita que los ERTEs en los hoteles de Canarias se prolonguen hasta la recuperación de los países emisores

El sindicato, que ha enviado un escrito al Gobierno canario, afirma que con ello "se pretende evitar que las empresas sigan despidiendo al personal por falta de clientes y que haya que negociar a la baja"

31 de marzo de 2020 (15:58 CET)
Vista aérea de la localidad turística de Playa Blanca
Vista aérea de la localidad turística de Playa Blanca

UGT Canarias, a través de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), ha solicitado oficialmente al Gobierno de Canarias, mediante escrito telemático, que los ERTEs reconocidos como causa mayor ante la pandemia del Covid-19 se amplíen posteriormente para las empresas hoteleras. Una medida con la que el sindicato afirma que se pretende "ir a la par de la recuperación económica de los países emisores de turistas, como es el caso de Alemania".

En este sentido, desde la FeSMC se advierte "del peligro que supone para el mercado laboral canario no tener en cuenta esta particularidad, ya que de obviarse se condena al sector no solo a una alta tasa de paro, sino además, a una negociación de las condiciones del despido a la baja". "Es por ello, que desde esta federación se hace hincapié en el mantenimiento de este caso particular hasta que los países emisores levantan los decretos que establecen sus propios estados de alarma", se apunta. 

Asimismo, dentro de este paquete de medidas extraordinarias solicitadas por esta federación al Ejecutivo canario, se ha planteado también el mantenimiento del empleo del personal adscrito a los servicios de restauración social o colectiva en centros públicos de esta Comunidad Autónoma. 

Para ello, se solicita la adopción de normas o resoluciones que en definitiva garanticen el abono del salario de las personas trabajadoras adscritas a tales servicios por las empresas concesionarias, evitando la adopción de medidas de regulación de empleo y situaciones de desempleo del referido personal. Medida esta que UGT afirma que ya ha sido tomada en otras Comunidades Autónomas "en pro del mantenimiento de los puestos de trabajo asociados al sector público".

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