El Partido Socialista (PSOE) a través de su parlamentario por Lanzarote y La Graciosa, Marcos Bergaz, exigió este martes al Gobierno de Canarias la aplicación de la tramitación de urgencia en todos los expedientes relacionados con vivienda pública y reclamó una rectificación inmediata de los criterios que está aplicando Visocan, la empresa pública dependiente del Ejecutivo autonómico.
Durante una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), Bergaz recordó que el propio responsable del área reconoció recientemente en comisión parlamentaria que fue un error no tramitar por la vía de urgencia la licitación para la redacción del proyecto de cerca de 200 viviendas protegidas en el barrio de Maneje, en Lanzarote.
“Efectivamente, en este caso no se tramitó por urgencia. Espero que no vuelva a suceder”, citó Bergaz, recordando las palabras pronunciadas por el consejero ante la Cámara.
El parlamentario socialista denunció que, lejos de corregirse, aquella situación parece haberse consolidado, “el error se ha convertido en norma, en criterio habitual dentro de Visocan”, uno de los principales instrumentos del Gobierno para impulsar la construcción de vivienda pública junto al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
Bergaz sostuvo que "existen motivos más que suficientes para aplicar la urgencia administrativa en todos los expedientes vinculados a la vivienda en nuestro archipiélago".
En primer lugar, por la grave situación del mercado residencial en Canarias, donde el precio de la vivienda nueva crece a un ritmo del 12% anual, el más alto del país, mientras el alquiler acumula años de incrementos continuados.
Asimismo, recordó que "la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía canaria" y que el propio Gobierno autonómico ha declarado la emergencia habitacional como una de las cinco emergencias vigentes en la presente legislatura.
A ello se suma, señaló, la propia normativa aprobada por el Ejecutivo. En concreto, el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda establece en su artículo 25 la tramitación urgente de los procedimientos administrativos relacionados con esta materia, precisamente para acelerar la respuesta pública ante la crisis habitacional.
“El Gobierno tiene de su lado la Ley de Contratos del Sector Público, la declaración de emergencia habitacional, el propio Decreto Ley que aprobó y, sobre todo, a miles de familias que esperan una vivienda pública o que están destinando una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un alquiler”, afirmó.
En el caso de Lanzarote, recordó que más de 3.000 personas permanecen inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, una cifra que evidencia la magnitud del problema habitacional en la isla.
“Con la situación que viven miles de familias canarias no estamos para perder ni un solo día. Rectifiquen, no para dar la razón a este grupo político, sino por quienes sufren cada día el drama de no poder acceder a una vivienda digna o se ven obligados a pagar precios desorbitados por un techo bajo el que desarrollar su proyecto de vida”, concluyó.