La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Bienestar Social, Natalia Santana, ha exigido este viernes al Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI, que tome medidas ante las "graves ineficiencias" desveladas por el Diputado del Común y los comités de empresa en el área de Servicios Sociales. La diputada canarista denunció que es la consecuencia de los recortes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en los presupuestos de 2024 y el incumplimiento de la ley sectorial canaria.
“No es justificable” que, en tan solo ocho meses de gestión del Ejecutivo de CC y el PP, Canarias corra un “serio” peligro de echar por tierra los avances logrados, después de una década, en materia de dependencia reconocidos por el informe anual de la Asociación de Gerentes de 2022.
Para Natalia Santana es “intolerable” que el pacto de las derechas “hiciera caja” con el sistema público de derechos sociales porque las consecuencias, remarcó, vienen reflejadas en el duro informe anual de 2023 de la Diputación del Común. También en la petición de los comités de empresa de la consejería responsabilidad de Candelaria Delgado para cesar a la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez.
Recortes en Servicios Sociales
Desde NC-BC, añadió, “denunciamos y vaticinamos, lamentablemente, que se evidenciarían graves ineficacias” cuando, durante la tramitación de la ley de los presupuestos para 2024 el pasado mes de diciembre, “intentamos solucionar” los recortes y el incumplimiento de la ley sectorial con la presentación de una enmienda parcial para incrementar las partidas en 22 millones de euros.
Con esta cantidad, la portavoz canarista explicó que se cumplía con la norma canaria, que obliga a aumentar los fondos en un mínimo de 55 millones de euros. Sin embargo, recordó que “no pudo ser” por el rechazo de los grupos que sustentan al Ejecutivo (CC, PP, ASG y la AHI) y a pesar de que las primeras cuentas” del Ejecutivo canario aumentaron en 1.121 millones de euros con respecto a 2023.
Cumplir la ley en vigor es una “obligación de la que “no se puede sustraer nadie, pero menos las administraciones públicas porque convierten los derechos” de las personas más vulnerables en “papel mojado”, según la portavoz parlamentaria de NC-BC en materia social.
