La ley del Uso Turístico de Viviendas recibe unas 3.000 alegaciones

Un total de 2.987 alegaciones se han presentado al anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una vez finalizado el trámite de audiencia y el periodo de información pública, según ha informado este viernes el Gobierno de Canarias.

Entre las observaciones planteadas destacan las referidas a los porcentajes de reserva del suelo destinado al uso residencial, considerando que el 10 por ciento que plantea el anteproyecto es insuficiente, según detalló la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en un comunicado.

Por otro lado, la consejera aludió a otras alegaciones “que generan preocupación”, como la referida a la posibilidad de destinar viviendas de protección oficial al uso turístico, algo que, a su juicio, "va en contra de su propia naturaleza".

Jéssica de León avanzó que su departamento comenzará a analizar las alegaciones recibidas "con el fin de estudiar su contenido e incorporar aquellas ideas que contribuyan a enriquecer el documento".

De León resaltó que “el gran número de aportaciones presentadas muestra el interés que está generando la normativa y estamos muy contentos con la respuesta ciudadana”, tal y como se demostró también en la fase de consulta pública previa, desarrollada entre el 26 de octubre y el 26 de noviembre de 2023, donde se recibieron un total de 5.083 aportaciones.

La responsable autonómica señaló que “aunque faltan por contabilizar las que se han presentado por registro y a las que se ha dado trámite de audiencia, en un primer análisis de estas alegaciones se evidencia que hay un respaldo generalizado a que es necesario regular fenómenos como el del alquiler vacacional”.

En paralelo a la información pública y al trámite de audiencia, se han mantenido reuniones con los ochenta y ocho ayuntamientos, a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam); con los cabildos insulares y, de manera significativa, con las islas verdes de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como con los colegios profesionales.

A partir de este momento, se iniciará el proceso de clasificación y sistematización para dar una respuesta adecuada a las alegaciones recibidas.