El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acordó esta semana en Comisión Permanente celebrada vía telemática eximir del pago a los usuarios de sus residencias universitarias mientras dure el estado de alerta por el coronavirus, donde en estos momento hay unos 70 estudiantes y dos profesores que no han podido regresar a sus lugares de origen.
Se trata de una medida excepcional acordada como consecuencia de la alerta sanitaria causada por el COVID-19 y por la cancelación definitiva de la docencia presencial en este curso académico, según ha informado la institución educativa.
En este sentido, la ULPGC cuenta con dos residencias universitarias en la capital grancanaria: una en el Campus de Tafira, que dispone de 252 habitaciones individuales; y otra en el centro de la ciudad, en la calle León y Castillo, con capacidad para 58 plazas de alojamiento.
Además, también dispone en el Campus de Tafira de un complejo de pequeños apartamentos con capacidad para 150 usuarios; y cuatro bungalows para estancias cortas.
Al respecto, el rector, Rafael Robaina, ha mostrado su acuerdo con esta medida, tras la decisión de la institución universitaria de no poder afrontar la impartición de clases presenciales en los últimos meses del curso académico y de decidir el cierre de muchas de sus instalaciones desde mediados del pasado mes de marzo.
Por su parte, aseguró que, de forma coordinada con las directivas de los centros docentes "se elaborará una instrucción de final de curso con las disposiciones que han de regular la evaluación, las prácticas y todo el conjunto de medidas necesarias para finalizar este curso 2019- 2020, tan aciago" que será discutida con los representantes de los diferentes sectores implicados.
Finalmente, el rector reiteró que "el espíritu de esas medidas, que necesariamente tendrán que ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, es el de ser medidas extraordinarias y flexibles, que han de entenderse con una mirada amplia, tal y como exigen estas circunstancias tan extraordinarias".
